Esta semana nos mostró una de las consecuencias más indeseadas de la pandemia de coronavirus que azota a Ñuble y a todo el mundo. No fue para todos. De hecho, para una parte de la población que recibió su ingreso intacto y tiene sus necesidades básicas satisfechas, fue como todos los meses. Pero no ocurrió lo mismo con un alto porcentaje de ñublensinos y ñublensinas que vive de un sustento diario que hoy no puede conseguir.
Esa es la realidad de una región –y de una economía como la nuestra– que registra una informalidad laboral de alrededor del 20 por ciento, es decir más de 40 mil personas que no tienen contrato de trabajo y por ende, están desprotegidas frente a contingencias como la que vivimos.
La adopción de la cuarentena obligatoria se justifica ante la necesidad de reducir el ritmo de propagación del Covid-19 -que en Chillán alcanza la mayor velocidad del país- y aplanar la curva de contagios para impedir el colapso de nuestro frágil sistema de salud.
No obstante, la otra cara del distanciamiento social es el severo impacto en las actividades económicas, tanto en las empresas como en los hogares. Y dentro de las familias que con más dureza experimentan el confinamiento están, obviamente las más vulnerables, la de trabajadores y trabajadores informales que aquí se concentran en los sectores silvoagropecuario, comercio, construcción y hogares como empleadores.
Si bien el shock generado por la pandemia global es generalizado y lo viven todos los sectores económicos, es evidente que el Gobierno debe concentrarse en los más pobres. Y lo ha hecho, pero no de forma completa, pues el proyecto de protección a los ingresos labores con cargo al seguro de cesantía -que fue aprobado ayer por amplia mayoría en la sala de la Cámara de Diputados- no considera a los trabajadores independientes que precisamente no tienen acceso al seguro de desempleo.
Es evidente que las necesidades de miles de hogares chilenos son abundantes y crecerán por las restricciones económicas propias de las medidas sanitarias. Por lo mismo, el Gobierno debe concentrarse en primer lugar en esos compatriotas con mayores carencias.
Es una obligación ética mitigar el impacto de la cuarentena en una región como la nuestra, empobrecida, con los sueldos más bajos de Chile y que por lo mismo requiere una atención especial de parte del Gobierno para soportar una pandemia que claramente amplifica las desigualdades e inequidades sociales.
