Igual como en otras ciudades intermedias del país, en Chillán se está produciendo una disociación del área tradicional de operación del comercio ambulante, en el centro de la ciudad, desplazándose fuera de las cuatro avenidas, a sectores de alta concentración poblacional y menos control, como Los Puelches, Diagonal Las Termas, Alonso de Ercilla e inmediaciones de algunos establecimientos educacionales.
Esta dinámica no es nueva, de hecho así se originaron la mayoría de las ferias que hoy existen en nuestra ciudad, pero lo diferente ahora es su alta conflictividad social y la sensación de impunidad y de ausencia de ley y orden que está transmitiendo en materia de seguridad, salud y aseo.
Capítulo aparte es la feroz competencia en perjuicio de los comerciantes legítimamente establecidos, que en el caso del área céntrica de Chillán suelen ser retail y empresas locales, pero en los barrios donde irrumpe el comercio ilegal termina con pequeños negocios que son el sustento de muchas familias. Así ha ocurrido en ciudades como Rancagua, Talca y Osorno.
En nuestra ciudad quienes se dedican a esta actividad son mayoritariamente hombres y mujeres, en igual proporción, entre los 30 y 50 años. Aproximadamente, un 40% corresponde a personas extranjeras, de las cuales la mitad no tendría su condición migratoria regularizada. En cuanto a los bienes transados, ropa, comida y accesorios para celulares lideran los tipos de productos ofertados, pero también se encuentran productos ilegales como cigarrillos, medicamentos y artículos falsificados, detrás de los cuales hay organizaciones delictivas. Casos investigados en nuestra ciudad han mostrado que los comerciantes callejeros trabajan como comisionistas de poderosos grupos de abastecedores de mercadería apócrifa con un sistema de entregadores, chóferes y recaudadores capaces de burlar todo tipo de control.
La indebida ocupación del espacio público, y las consiguientes molestias a la circulación peatonal; la infiltración de delincuentes, la evasión de las cargas impositivas y previsionales, la evidente degradación que le provoca a la fisonomía urbana, y, como si todo eso fuera poco, su recurrente actitud de inconducta cívica, son argumentos de sobra para que las autoridades ahonden en esta cuestión con el propósito de erradicar el comercio callejero ilegal que ha abusado de la “sensibilidad social” de autoridades que se inmovilizaron en la toma de decisiones, para no afectar a personas que supuestamente necesitaban el dinero de esta actividad para subsistir. Así se institucionalizaron los permisos precarios en Chillán, otorgados por primera vez en 2010 y vigentes hasta la fecha, aunque tendrían las horas contadas cuando entre en vigencia la nueva ordenanza que prepara el actual gobierno comunal, que otorga nuevas herramientas fiscalizadoras para enfrentar este problema en la capital de Ñuble.
Pero no todo debe ser garrote. De hecho, la experiencia nacional e internacional muestra que las ciudades que han enfrentado exitosamente este problema combinan robustas capacidades legales y recursos para la fiscalización con políticas y programas destinados a facilitar la formalización de quienes ejercen el comercio de forma irregular, como también una genuina oportunidad de empleo para quienes hoy trabajan al margen de la ley.
