Dejando atrás rezagos de una cultura “machista” y “patriarcal”, según reconocieron las senadoras integrantes de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, la instancia especializada, presidida por el senador de Ñuble Gustavo Sanhueza, concluyó el análisis en particular del proyecto de ley que modifica el código civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal. (Boletines 7.567-07, 5.970-18 y 7.727-18, refundidos).
El proyecto tiene como idea matriz el establecer la plena igualdad entre los cónyuges en lo que se refiere a la administración de los bienes sociales, como también reconocer, en forma efectiva, la total capacidad de la mujer para la administración de sus bienes.
Tras el despacho, el senador Gustavo Sanhueza indicó: ante un “día histórico, logramos avanzar en este importante proyecto y terminar con una desigualdad que está consagrada en la ley”.
Avanzamos, agregó, en terminar con la figura en que el hombre es el jefe de la sociedad conyugal “y construimos un proyecto que es bastante integral y permitirá avanzar en tener una sociedad en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y deberes, en todo el sentido de la palabra”.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual recordó que este es “un anhelo de muchas mujeres” y recalcó que el proyecto avanza “pensando de forma lo más justa posible entre el equilibrio en la igualdad, pero al mismo tiempo pensando en la igualdad sustantiva y por lo tanto con un justo equilibrio con situaciones de protección a la mujer por posibles discriminaciones que existen al día de hoy”.
Enfatizó que “se protege a las mujeres de sectores más vulnerables que hayan adquirido un bien raíz por subsidio habitacional, para que sea para ellas, sin renuncia a los gananciales”.
En la misma línea, la senadora Isabel Allende destacó que “se termina con una de las mayores discriminaciones: que las mujeres seamos de segunda clase. Desde 2017 teníamos el compromiso de reparar esta odiosa discriminación injustificada”.
Senadoras y senadores agradecieron el trabajo de todos los actores involucrados y valoraron que la mayoría de las votaciones fueron por unanimidad, “eso habla de que logramos avanzar de manera sólida para erradicar esta desigualdad”, incluidos los esfuerzos de diferentes ministras de la cartera.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, recordó que esto partió como una obligación internacional del país, a propósito de un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de DD.HH. por la demanda de la señora Sonia Arce, “pero como hemos discutido en la Comisión, esta es una desigualdad consagrada en la ley, que aún – en 2023- trataba a las mujeres como ciudadanas de segunda clase”.
