Diferencias políticas al interior del oficialismo y pugnas de carácter laboral que en estos momentos se encuentran en tribunales, desencadenó el paso del abogado y exseremi de Minería del Biobío, Lautaro Benítez, por la Delegación Presidencial de Ñuble, a principios de julio de este año.
El profesional estuvo tan solo dos semanas en la repartición, donde ocupó el cargo de jefe de Administración y Finanzas (DAF). Esto, debido a que fue acusado por más de una quincena de funcionarios por maltrato laboral, y amenazas constantes con denunciar actos administrativos lícitos y cotidianos al Ministerio Público, así como gritos y menoscabo, lo que derivó en su desvinculación, según relataron los denunciantes.
Fue la propia Subsecretaría de Interior la que argumentó, al desvincularlo, que “el Sr. Benítez no cuenta con las competencias técnicas ni los conocimientos necesarios por la autoridad regional para el desempeño de las labores que su cargo requiere, así como tampoco promovería los valores institucionales del Servicio de Gobierno Interior, y los que todo funcionario debe respetar y preservar en el ejercicio de sus funciones”.
En tanto, los funcionarios indicaron en una carta dirigida al jefe de División de Gobierno Interior, Enrique Inostroza: “Queremos plantear que en los años de servicio de muchos de nosotros nunca habíamos tenido como jefatura una persona con ese trato violento, déspota, autoritario, siendo una persona que no deja plantear nuestro punto de vista, ya que solo puede hablar él”.
Asimismo, agregaron que “con lo anteriormente expuesto solicitamos a usted considerar dejar sin efecto a la contratación del funcionario Lautaro Benítez Lagos, ya que su presencia acá solo genera un ambiente de trabajo negativo y es lo que llamamos un ambiente “tóxico u hostil”, lo que significa que tenemos que comunicarnos con colegas poco motivados, insatisfechos, personalidades conflictivas generando un trabajo de baja calidad”.
Desde la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, a través de una declaración pública, indicaron que “en relación con el caso del Sr. Benítez, deseamos informar que, después de un riguroso proceso de evaluación y considerando múltiples factores, el Servicio de Gobierno Interior decidió no perseverar en la tramitación de su contratación, declarándolo como funcionario de hecho. Esta medida se basa en diversas denuncias de maltrato laboral hacia funcionarios de esta Delegación Presidencial Regional, las cuales surgieron en los primeros días posteriores a su incorporación”.
El texto agrega que “La Delegación Presidencial Regional de Ñuble reafirma su compromiso con el respeto a los derechos laborales, el trato digno y el ambiente de trabajo armonioso para todos los funcionarios y colaboradores. Nuestro enfoque se mantiene en el servicio a la comunidad de Ñuble y en la promoción de su desarrollo integral. También reafirmamos nuestra total disposición a colaborar plenamente con los procedimientos de investigación en curso para llegar a una resolución justa, equitativa y transparente”.
La arremetida de Benítez
Benitez, en tanto, quien demandó por tutela laboral, denunció que su salida se debió a las fiscalizaciones que inició en la repartición, y que entre otras cosas, arrojaron situaciones como la presentación de una supuesta licencia médica falsa de parte de la exfuncionaria y expresidenta regional de RD, Daniela Manosalva, y la también supuesta ejecución de un contrato sin formalidad legal con un privado para la distribución de agua en camiones aljibes para las comunas afectadas por el déficit hídrico.
Descargos del delegado
En tanto, el delegado presidencial regional de Ñuble, Gabriel Pradenas, respondió en un punto de prensa a los cuestionamientos realizados.
“Se hace mención a un contrato de camiones aljibes que no estarían con firmas y no existe el documento. Yo quiero presentar el documento (muestra foto) donde está precisamente sentado todas las firmas de los intervinientes y la prestación de servicios. Como ustedes bien saben, esto es muy significativo, sobre todo, pensando en que estamos hablando de agua potable de consumo humano a las personas y que nosotros tenemos prioridad para atender este tipo de temas y que, sin duda, como región, y como es la pobreza que nosotros vivimos, no podemos, como Delegación, dejar a la gente sin agua”, sostuvo.
Respecto de otros antecedentes, dijo, “se hace distinción sobre una licencia médica. Cabe mencionar que nosotros apenas nos dimos cuenta como Delegación de que eso era así, yo mismo instruí un sumario cuyo resultado arrojó una denuncia en el Ministerio Público, por lo tanto, estamos hablando que nos hicimos cargo de una situación compleja, y lo que se esgrime no está apegado a la realidad”.
Sobre la desvinculación de Benítez, añadió que “él era el antiguo encargado de finanzas, es un abogado que fue recomendado en su contratación en la Delegación Presidencial, quien no era de cercanía mía, venía también de otra región y, en ese contexto, en muy poco tiempo este funcionario tenía un gran número de denuncias por parte de los otros trabajadores por maltrato laboral. Sobre ese proceso no me puedo pronunciar de los detalles, porque está en un proceso sumario, de investigación, y esos antecedentes no se pueden revelar”.
Pradenas enfatizó: “nosotros como Delegación Presidencial Regional estamos velando porque se cumpla al pie de la letra toda la fase administrativa de la gestión, pero también estamos velando porque la ciudadanía y los distintos usuarios tengan las prestaciones del estado que merecen y también trabajamos en virtud de promover la probidad y no dar pie a este tipo de denuncias malintencionadas”, sentenció.
