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Debutaron nuevas medidas de transparencia para servicios públicos

El pasado viernes 5 de enero comenzó a regir la nueva Instrucción General sobre Transparencia Activa para todos los servicios públicos del país, liderada por el Consejo para la Transparencia (CPLT).

La medida tiene como objeto unificar, sistematizar y actualizar términos en los contenidos que se deben publicar; y promover un uso de lenguaje claro, simple y comprensible para un buen y expedito acceso a la información pública de parte de la ciudadanía.

El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, afirmó que “estas nuevas obligaciones tienen como finalidad generar una mejor rendición de cuentas de los servicios públicos y con ello aumentar los estándares de probidad y transparencia de cara a la ciudadanía. Con esta nueva regla será más fácil para las personas acceder a información pública, e incluso, comparar entre distintas administraciones. Hacemos un llamado a todos los servicios a actualizar sus portales”, manifestó.

Principales modificaciones

Entre los principales cambios que introduce la Resolución 500 del Consejo para la Transparencia, establece que a nivel de personal y remuneraciones se debe publicar, de ahora en adelante, el monto por bonificación de metas que recibió ese funcionario en otra planilla, aparte del sueldo.

Esto permitirá conocer el detalle del pago que recibió el trabajador público; qué corresponde a bono, a bonificación, a sueldo, etc., informaron desde el CPLT.

Otra de las modificaciones es para el personal a honorarios. A contar de este año, se deberá publicar en el sitio web del servicio, el informe que estos trabajadores generan para acreditar que se hizo esa labor por la cual fue contratado, y que da pago a la remuneración que le corresponda.

Adicionalmente, el Consejo dictó que toda la información que se publique no puede ser borrada; ésta debe quedar en el histórico, lo que permitirá hacer comparaciones entre distintas fechas.

Datos presupuestarios de municipios

Por otra parte, desde enero del 2024 se deben publicar en el Portal de Transparencia todos los informes con datos presupuestarios que las municipalidades envían mensualmente a la Contraloría General de la República.

La nueva instrucción también establece normas de buenas prácticas en transparencia, las cuales no son obligatorias, pero se promueve su cumplimiento. Por ejemplo, publicar los viáticos y los kilometrajes y gastos de peajes de los autos fiscales.

La entrada en vigor de esta nueva instrucción general, que deroga automáticamente las anteriores, tuvo un año de preparación en los distintos servicios que fiscaliza el Consejo para la Transparencia. Así, en todo el país se ha capacitado a más de 9.000 funcionarios públicos, para informar de estos cambios obligatorios.

Preocupación por ley de Lobby

En el último Encuentro Nacional de concejales y concejalas realizado en Arica, Bernardo Navarrete expuso acerca de las dificultades que está presentando la Ley de Lobby en Chile, la cual calificó como “perfectamente imperfecta”.

En la oportunidad, el titular del CPLT, explicó que la implementación de la Ley del Lobby en el país ha sido deficiente. Para justificar su crítica, el recientemente asumido mandamás del Consejo para la Transparencia detalló que, por ejemplo, en la última década han bajado considerablemente los registros de audiencias de alcaldes y concejales.

En 2017 se registró un peak de 37.416 audiencias con alcaldes y 6.145 con concejales, sin embargo, la cifra ha ido disminuyendo consistentemente en el tiempo hasta llegar a 9.531 audiencias con alcaldes y 990 con concejales en 2023.

“En los últimos 7 años los registros de audiencias de lobby con alcaldes han bajado cerca de un 75%, lo que revela un grave desuso de esta ley. Considerando que hay 345 municipalidades en el país, éstas son cifras irrisorias.”, dijo Navarrete.

Además, observó que, a nivel general, la materia más recurrente que se está registrando para las audiencias de lobby es bajo la nominación “ninguna de las anteriores”.

“Esto no permite identificar con certeza las materias reales que se trataron a nivel local en Chile. Los datos de lobby existen, pero son insuficientes”, complementó Navarrete.

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