Representantes legislativos del Biobío y Ñuble, plantearon sus posiciones respecto de la legislación vigente en materia de prevención, combate y persecución de la responsabilidad en la autoría o intencionalidad de los incendios forestales.
Mientras algunos apuntan a la prevención, otros exigen que hayan más recursos para combatirlos, en medio de una legislación que establece penas que van desde lo 5 a los 20 años, en caso de corroborarse la autoría de una persona. Sin embargo, el porcentaje de condenas es bajo y eso es reconocido por organismos estatales.
“En materia regulatoria y de prevención, hemos avanzado, pero en lo que estamos muy mal es en el combate de choque al inicio de estos incendios, que son potentes y arrasan hectáreas. Hay que articular los recursos y su gobernanza. Los servicios de emergencia deberían tener un rol mucho más activo”, dijo la diputada Joanna Pérez.
“Hay mucho por hacer, tenemos que atacarlos desde un inicio. Por más cortafuegos que hagamos, las condiciones climáticas hacen que eso no sirva”, agregó.
Prohibir plantaciones en zonas urbanas
Por su parte, el diputado Félix González apuntó a la necesidad de la prevención, entre otros aspectos, prohibir que existan plantaciones de bosques en zonas urbanas y establecer separaciones de 50 metros entre viviendas y bosques, como una especie de cortafuegos.
“Estamos ingresando un proyecto de ley para evitar que viviendas sean afectadas y obligar a tener una distancia con plantaciones exóticas, como pino y eucaliptus, y que no se puedan hacer nuevas plantaciones en zonas urbanas”, dijo.
“Lo que vemos es que los incendios llegan a las viviendas”, agregó.
Desde Ñuble, la diputada Marta Bravo dijo que “personalmente pondré en la mesa la necesidad de modificar la Ley de Construcción para que las empresas constructoras que ofrezcan proyectos inmobiliarios en medio de sectores rurales garanticen la seguridad del entorno, ya sea creando cortafuegos, retirando matorrales y todas las medidas que sean necesarias”.
Por su parte, Eric Aedo indicó que “frente a las emergencias que tenemos en incendios forestales, desatados en Biobío y Ñuble, tenemos que especializar a las policías y a la Fiscalía, para que la ley, que sanciona duramente a quienes realizan incendios intencionales, sea efectiva”.
La diputada del PC, María Candelaria Acevedo, destacó que “lo primero que propondría es que las zonas de catástrofe pueda ser dictaminada de forma inmediata cuando una emergencia cumpla ciertas características técnicas, evitando así la burocracia que representa que las autoridades centrales de turno realice el decreto respectivo. Con esto los recursos necesarios para atender la catástrofe podrían llegar mucho más rápido, siendo más efectivo el trabajo de los equipos de emergencia y, por cierto, dotando de mayor autonomía a los Gobiernos Regionales que son quienes disponen de este ítem”.
