Todavía hoy, aunque es evidente la mejora en el tratamiento y la consideración de los enfermos mentales, no dejan de perdurar conductas de abandono por parte de las familias y de la sociedad, en general. En el fondo, en esos comportamientos prevalecen aún, en pleno siglo 21, el miedo y los prejuicios tradicionales heredados con respecto a estos pacientes.
Para estimar el significado de este problema, es oportuno recordar que los enfermos mentales han debido soportar los sufrimientos de sus males junto al desconocimiento que existía de su patología, desde la Antigüedad. Esa realidad sumió a esos pacientes en una triste condición, ya que se los trataba prácticamente como criminales. Solo a partir de fines del siglo 18 se inició su llamada “liberación”, movimiento emprendido por Philippe Pinel, un médico francés que con criterio humanitario rescató a “los locos” de su injusta prisión para llevarlos a hospitales especializados. Esa acción fue un punto de partida que prosiguió con distinto ritmo en las últimas centurias.
En nuestro tiempo se avanzó positivamente, tanto en la dimensión científica como en el enfoque social del problema. Las tendencias renovadoras son hoy encabezadas por países europeos que han sabido imponer un reconocimiento de los derechos del enfermo mental en la gestión política. Así, en Italia, Alemania y Dinamarca, desde hace 10 años que la asistencia centrada en la internación fue sustituida por otra manera de tratamiento, en la cual se busca la reafirmación de los vínculos domésticos y comunitarios y la internación en un establecimiento psiquiátrico sólo es un acto excepcional y por un tiempo limitado.
Tales orientaciones, sin embargo, recién están apareciendo en los programas nacionales de salud mental y psiquiatría, de modo que la integración aparece como un fin deseable, pero aún difícil de objetivar.
Las conductas humanas son la consecuencia del trato que reciben. Si quienes padecen alguna enfermedad mental, en vez de la internación o el aislamiento, son puestos en condiciones de expresarse y ser oídos, aumentan las posibilidades de una respuesta favorable.
Este planteamiento requiere, como es lógico, la conducción de profesionales competentes, el apoyo político y financiero y el soporte institucional que le permita desarrollarse con resultados efectivos.
Lamentablemente, pese a que la Ley 21.331, promulgada en 2021, establece que “la atención de salud mental no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas”, los recursos que el Estado destina para ella son insuficientes, pese al aumento del gasto público total en salud.
Y ello vuelve a ocurrir en el Presupuesto 2024, que reproduce la misma lógica discriminatoria a la cobertura efectiva en las prestaciones de salud mental respecto de las prestaciones de salud física, revelando una incómoda contradicción del gobierno que prometió terminar con este estigma hacia las personas que sufren trastornos psiquiátricos.
