La interacción y complementariedad entre los actores públicos y privados es el único camino que permitirá crear alternativas de inversión y crecimiento económico en la Región de Ñuble, nivelando para arriba un desempeño que ha sido bastante mediocre, como queda en evidencia en la última entrega de la encuesta Casen 2022.
La tasa de pobreza, medida por ingresos, alcanzó un 12,1%, lo que representa una baja respecto a las mediciones de 2020 (14,9%) y 2017 (16,2%), pero pese a ello pasamos del segundo al primer lugar nacional de las regiones más pobres, confirmando el rezago crónico de la región.
Y si bien se podría atribuir al centralismo que opera por igual a nivel público y privado, a la incompleta instalación de los servicios regionales, a sucesivas crisis (políticas, sanitarias y económicas) existen otros factores que contribuyen de modo decisivo a este letargo, como un tejido empresarial poco emprendedor, la baja internacionalización de la pyme, la alta dependencia de los subsidios que aporta el Estado y un inadecuado sistema de ordenamiento territorial.
Se requiere, en consecuencia, superar tales factores y ello pasa por articular una visión de lo que la Región se propone ser los próximos 20 o 30 años, asumiendo las asimetrías, características y potencialidades propias de los diferentes territorios. Ese trabajo lo están realizando las universidades regionales, a través de la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo que lidera la Universidad de Concepción e integra a otras casas de estudios locales, lo que debería garantizar la pluralidad y pertinencia que el primer documento, entregado en 2020, no tuvo.
Lo cierto es que algunas economías locales, como la de Chillán, logran cierta diversificación productiva, mientras que otras, la gran mayoría, están dominadas por un par de actividades o negocios, generalmente asociados a la agricultura y a la industria forestal. Y bien sabemos que en esa dinámica, en un momento, una localidad puede ser próspera, dinámica, bien posicionada para un mayor desarrollo, y pocos años después perder empleos, negocios y residentes, como ocurrió en el período 1980-2010 con la arremetida del negocio forestal y la reducción de los cultivos tradicionales.
Desde esta perspectiva, mucho contribuiría que los diferentes niveles de gobierno, no solo a nivel regional, sino también comunal, hagan un mayor esfuerzo por promover la construcción de espacios territoriales competitivos que favorezcan el desarrollo a largo plazo, lo que no es fácil, pues la mirada de los tomadores de decisiones suele ser cortoplacista, ya sea asociada a la obtención de ganancias en el caso del sector privado, o de réditos políticos, como elecciones y control de áreas estratégicas del Estado, en el caso del sector público.
Pero la evidencia es contundente. Cuando los gobiernos locales facilitan a las empresas el acceso a servicios e insumos que fortalecen su posición en los mercados, todo el territorio y sus habitantes también ganan.
El sector privado puede contribuir no solo con capital, sino también con conocimiento especializado, mientras que el gobierno en sus versiones regional y comunal puede contribuir a la atracción e inversiones y bienestar de sus habitantes, asegurando una adecuada zonificación y permisos para garantizar que los proyectos de inversión se lleven a cabo de manera sustentable, ambiental y socialmente.
