El fortalecimiento de nuestras castigadas instituciones debe cubrir un amplio espectro que abarque en su conjunto al sistema democrático dentro del cual el sector privado ocupa un espacio relevante. Denuncias e investigaciones que han salido a la luz los últimos meses dejan atónita a la sociedad cuando dan cuenta de episodios donde se buscan burlar a los órganos de control y las normas que deben regular su funcionamiento.
No se trata solo de señalar el indiscutible peso de las contrapartes privadas en todos los episodios de corrupción. También debemos lamentar la degradación del rol de una porción del empresariado que ha contribuido a este estado de cosas con excusas que, aunque puedan resultar comprensibles para algunos, para la mayoría están muy lejos de ser aceptables.
Frente al avasallamiento de la ética para hacer negocios, muchos han bajado la cabeza, aceptando con aviesa intención y silenciosamente semejantes reglas de juego, buscando de qué manera podían obtener de ellas algún beneficio. Por su parte, las entidades gremiales empresariales más que dar potentes señales de rechazo a estas desviaciones, han actuado con singular tolerancia, acomodándose a ese estado de cosas, más que denunciándolo.
En tiempos en que muchos ejecutivos de empresas se llenan la boca anunciando todo tipo de iniciativas según el concepto de responsabilidad social empresarial, todas ellas muy loables, cabe también preguntarse si la vigencia de las instituciones que permite el desarrollo de la actividad privada propia de la libre empresa no es un bien social del que vale la pena ocuparse, tan precioso como pueden serlo la preservación del medio ambiente o la ayuda a la educación.
Lamentablemente, pseudoempresarios y asesores legales que solo buscan torcer la normativa que los rige hemos tenido siempre. El caso más reciente corresponde a una publicación del centro de investigación periodística (CIPER), que revela un audio que da cuenta que los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, representantes del empresario Daniel Sauer, habrían realizado, presumiblemente, sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), con el fin de obtener información sobre la causa en contra de Factop, empresa de Sauer.
En el audio, entre otras cosas, proponen crear una “caja negra” para manejar pagos clandestinos, destinados a obtener información privilegiada y favores del SII y de la CMF. Asimismo, el abogado Hermosilla menciona una deuda de $10 millones con un funcionario del SII, y sugiere la necesidad de establecer una caja de fondos para influir en más funcionarios. En esa línea, detalla cómo estos pagos ilegales han sido una práctica común para manipular información y procesos dentro de estas entidades.
En suma, así como la sociedad reclama ejemplaridad en los líderes políticos, en los legisladores, en los jueces y en el periodismo, también exige empresarios que se ocupen de crear riqueza y empleo, con los riesgos que eso implica, y no manipuladores y coimeros asesorados por abogados sin ética para alcanzar lo que siendo honestos y respetando las leyes, acaso jamás podrían lograr.
