El Gobierno acabó el año pasado asediado por las protestas en las calles, su pésima aceptación en las encuestas y una oposición al alza. La segunda quincena de marzo se anticipaba como un momento decisivo para el Ejecutivo y su afán de recuperar gobernabilidad y aplacar el descontento popular mediante cambios sustantivos al programa con que llegó a La Moneda. Pero la crisis del coronavirus ha puesto en cuarentena a los manifestantes y trastocado por completo la agenda política, la nacional y también local.
En efecto, el estallido social de octubre pasado revolucionó la agenda país y logró posicionar el tema constitucional al punto que se logró un acuerdo transversal para efectuar un plebiscito de entrada, algo impensado hace un año. Pero la llegada del Covid-19 hizo que se postergara para el 25 de octubre, mientras que las elecciones municipales y de gobernadores regionales quedaron finalmente para abril de 2021.
La incertidumbre en torno a cómo evolucione el virus en los próximos meses incluso pone un manto de duda todo lo anterior después que el Gobierno y sus aliados activara un nuevo intento por poner a dormir el proceso constituyente. De hecho, el domingo el ministro Blumel habló de postergar el plebiscito de octubre, el Presidente Piñera instaló un nuevo relato de prioridades, poniendo en primer lugar post pandemia a la crisis económica, mientras los principales think tank de la derecha movilizaron columnas de opinión y encuestas en los medios de comunicación más influyentes del país.
La misma suerte parecen estar corriendo las reformas descentralizadoras que apuntan principalmente a tres ámbitos: una mejor distribución del poder político mediante la elección directa de gobernadores regionales que no puede ser postergada más allá de abril; otorgar mayores competencias para los Gobiernos Regionales mediante la mejora a la ley ya existente; y una mayor justicia en la distribución de recursos para los territorios mediante una Ley de Financiamiento Regional. Estas dos últimas iniciativas, en las que estaba trabajando la Subdere y Hacienda, respectivamente, antes de la pandemia, han entrado en receso, lo que sin duda posterga -una vez más- el ansiado proceso descentralizador del que Ñuble ha sido protagonista.
Lamentablemente, se trata de un efecto esperado de la pandemia, pues a la clase política, salvo contadas excepciones, no le entusiasma la descentralización ni la profundización de la democracia local y prefiere concentrar el poder en un puñado de aristócratas e intermediarios.
Para algunos, puede parecer una batalla perdida continuar reclamando por una mayor descentralización en medio de una emergencia sanitaria como la que sufrimos, sin embargo, desde esta tribuna no nos cansaremos de levantar la voz contra el centralismo, la falta de democracia local y la concentración del poder que ha postergado injustamente el progreso de las regiones.
