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Brecha digital

Según el estudio de la Fundación País Digital “Brecha en el uso de internet: desigualdad digital en el 2020”, un 80% de la población chilena mayor de 5 años es usuario de internet, y a nivel regional, Ñuble figura en último lugar, con un 64,8%. Las cifras hablan de una amplia brecha territorial de conectividad digital en el país, con una mayor penetración en las zonas densamente pobladas y un menor acceso en zonas rurales, lo que se traduce en que regiones como Ñuble, La Araucanía y el Maule, entre otras, exhiban las tasas más bajas.

De hecho, si se analizan las conexiones fijas a internet, se observa que al interior de la región de Ñuble se replica esta brecha a niveles que parecen insalvables. Según estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en promedio, Ñuble exhibe una tasa de conexiones fijas a internet de 26,9% del total de viviendas, muy por debajo del promedio nacional de 47,6%, lo que se hace más patente al revisar las cifras comunales, pues once de las 21 comunas de la región no superan el 2% y Chillán llega a 57,4%.

Precisamente, el exsubsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, quien hoy preside la la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, asociación gremial que reúne a empresas de infraestructura de telecomunicaciones, advirtió esta semana sobre el riesgo de profundizar y perpetuar la brecha digital territorial, e hizo un llamado al Estado y a las regiones a generar los incentivos necesarios para acortarla.

De acuerdo al profesional, en los últimos cinco años, la inversión en telecomunicaciones en el país ha sido de 15 mil millones de dólares, de los cuales la inversión pública alcanza apenas el 1%, y explicó que las zonas con alta ruralidad y dispersión geográfica de su población no son atractivas para las empresas de telecomunicaciones.

En ese sentido, queda en evidencia que en la medida que no existan incentivos al desarrollo de infraestructura de conectividad digital en regiones, y particularmente en zonas rurales, continuará profundizándose la brecha, lo que cobra especial relevancia en el actual contexto de pandemia, que ha acelerado la digitalización de la economía y de la sociedad en general, que ha obligado a permanecer más tiempo en casa y que ha masificado conceptos como el teletrabajo, la telemedicina y la educación a distancia.

A partir de ahí, tanto Ramírez como otros expertos plantean que la conectividad digital tiene que ser abordada como un servicio básico, así como el agua potable y la electricidad, y por lo tanto, acceder a ella debiera ser un derecho. Desde esa perspectiva, el Estado debe asumir un rol más activo en la promoción de su uso y en brindar las condiciones de acceso a todos los habitantes, por ejemplo, generando subsidios a la oferta o a la demanda y fomentando el mejoramiento y aumento de la infraestructura.

De igual manera, las regiones debieran definir estrategias de desarrollo digital, destinando esfuerzos y recursos para aumentar la conectividad, pues el rezago digital redundará en una pérdida de competitividad y perpetuará las desigualdades que ya conocemos.

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