Señor Director:
Quienes cometen delitos deben ser perseguidos, recibir castigo, cumplir sus condenas y demostrar diariamente su capacidad e intención de reinsertarse en la sociedad, con el fin de lograr, a todo evento, prevenir nuevos delitos luego de su liberación. Por eso, llama la atención el proyecto de ley presentado por diputados RN destinado a eliminar la asesoría legal que presta la Defensoría Penal Pública a personas privadas de libertad para solicitar beneficios penitenciarios (como salida dominical), libertad condicional y otros. De aprobarse, se denegaría el derecho de los internos a entrevistarse con un defensor penitenciario que les informe de su situación y derechos, los asesore respecto a la normativa de conducta y les permita entender cómo elevar una solicitud de beneficios a Gendarmería.
El proyecto es tristemente mezquino y superfluo. No representa una política institucional seria para atacar la criminalidad que afecta al país y utiliza como único fundamento el caso anómalo de Celestino Cordoba para denegar el acceso a la justicia a más de 30.000 personas privadas de libertad. Los autores del proyecto podrían abrir un debate legislativo serio sobre el régimen de libertad condicional e incluso proponer una nueva política nacional penitenciaria, en vez de solo buscar simple rédito político.
Isabel Arriagada, Abogada
