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Alzas de precios podrían extenderse hasta 2023

Esta semana el Banco Central sinceró su proyección de inflación para el presente año, al dar a conocer su Informe de Política Monetaria (IPoM), en el que estimó que hacia fines de 2022 la inflación anual se ubicará en 9,9%, bastante más que su anterior pronóstico, en marzo, que apuntaba a cerrar el año con 5,6%.

El instituto emisor “estima que la variación anual del IPC seguirá aumentando, hasta valores algo por debajo de 13% durante el tercer trimestre. A partir de allí, comenzará a descender, terminando 2022 en torno a 10%”. Para 2023, en tanto, proyectó una tasa menor al 3%, que se ubica en el rango meta del organismo.

Si bien el Central apuntó que la inflación sigue influida por el “excesivo incremento de la demanda interna en 2021”, subrayó que el comportamiento este año responde “en mayor medida por las presiones de costos externas derivadas del incremento de los precios de los alimentos y las materias primas, y las persistentes dificultades en las cadenas productivas y de suministros a nivel global”.

A ello, sumó el impacto del alza del dólar sobre los precios, que es muy amplio, pues no solo afecta a los bienes importados, sino que encarece todos aquellos procesos productivos que utilizan insumos importados, como los combustibles y las materias primas.

Precisamente, este miércoles el INE informó que la variación mensual del IPC durante mayo de 2022 alcanzó un 1,2%, con lo que la inflación acumulada en lo que va del presente año llegó a 6,1%; mientras que en 12 meses se empinó al 11,5%, la cifra más alta de los últimos 28 años.

Como se recordará, las alzas de precios se vieron fuertemente influenciadas por el aumento de la liquidez en el país el año pasado, derivado de las ayudas estatales y los retiros de los fondos de pensiones, aunque este año los analistas observan que todavía hay bastante liquidez en el mercado, lo que impulsa el consumo, y en consecuencia, los precios.

Pero este año los factores más relevantes son externos, como la inflación internacional por las alzas de las materias primas y la energía, como los alimentos y el petróleo; por la crisis logística producto de la pandemia, que viene encareciendo el transporte marítimo desde 2020; y por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado particularmente el suministro de petróleo y alimentos. En ese cóctel global también hay una raíz monetaria gestada en la pandemia, que estimuló el consumo y presionó los precios al alza, y que este año los bancos centrales, principalmente la FED, intentan frenar a través del aumento de tasas de interés.

Roberto Herrera, académico de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de Concepción (EAN UdeC) campus Chillán, “por diversos motivos el tipo de cambio seguirá en la condición depreciada que presenta actualmente, por lo que presionará los precios de los bienes importados, además, se reconoce que el conflicto bélico de Rusia-Ucrania sigue impulsando los precios de las materias primas a nivel global. Todo esto acompañado del rezago de las políticas expansivas que se aplicaron en todo el mundo en pandemia y también con niveles de producción aún en recuperación fue el escenario perfecto para que tengamos este fenómeno inflacionario”.

Karin Bravo, académica y directora de Postgrados de la Universidad San Sebastián sede Concepción, sostuvo que “desde el segundo semestre del 2021 se proyectaba un alza en el nivel de precios, promovido por la recuperación económica y el aumento de liquidez en nuestra economía. Lo anterior ha generado un aumento sostenido en el nivel de gasto de la economía, principalmente realizado por las familias y el sector privado, que vieron una oportunidad en poder contar con fondos líquidos. Hay que agregar a estos factores ya conocidos como causantes de la inflación local, un factor externo relacionado con el alza de precio en muchos productos de primera necesidad, como alimentos y combustibles. Lo anterior implica que mientras exista liquidez en la economía y poder adquisitivo suficiente para seguir solventando ese consumo, la inflación seguirá siendo más alta de lo que estábamos acostumbrados como país. De hecho, el IPOM, presentado esta semana, muestra que las proyecciones en el precio del petróleo y alimentos se mantienen al alza para lo que resta del 2022, e incluso, en el caso de los alimentos, que estos mantendrían sus altos precios para el año 2023, lo que implica un impacto en el presupuesto de las familias a mediano plazo”.

Por ello, de cara al segundo semestre de este 2022, Karin Bravo, académica y directora de Postgrados de la Universidad San Sebastián sede Concepción, detalló que “alimentos y combustibles son los dos principales productos que menciona el IPoM de junio, que mantendrán un alza significativa en su nivel de precios. En el caso de los alimentos, se proyecta que sigan creciendo este año 2022, y se mantengan en niveles altos por los próximos dos años. En el caso de los combustibles, se proyecta también un crecimiento durante el año 2022, pero se espera que el precio del barril comience a disminuir el próximo año. Lamentablemente, ambos productos impactan fuertemente el presupuesto de toda familia por su consumo indispensable al tratarse de alimentación y transporte”.

La académica acotó, sin embargo, que “existe otra proyección del mismo BC respecto al consumo privado, que muestra una disminución importante en lo que resta de año 2022, y un crecimiento negativo del consumo para el 2023, bajo el argumento de que los fondos de liquidez ya estarían agotados a esa fecha. De cumplirse esta proyección, el menor crecimiento del consumo sería un factor a favor para frenar el crecimiento de los precios de la economía, pero a costa de una menor actividad económica general”.

Estanflación

En Chile, el Banco Central también está usando el incremento de la tasa de interés como herramienta para reducir la inflación, ya que, de esa forma, se desincentivan los créditos de corto plazo, y por tanto, el consumo. De hecho, este martes, anunció la decisión de elevar nuevamente la Tasa de política monetaria, desde 8,25% a 9,00%. En mayo ya la había subido desde 7,00% a 8,25% intentando hacer frente al aumento de los precios. Con esta decisión, se acumula un alza de 8,50 puntos desde que en julio de 2021 la entidad monetaria comenzó el proceso de normalización, luego de mantener la tasa en su mínimo técnico de 0,50% desde marzo de 2020.

Sin embargo, subir las tasas no solo desincentiva el consumo, sino que también la inversión y el crecimiento.

En ese sentido, el Banco Central proyectó una tasa de crecimiento de la economía chilena para 2022 en torno a 1,50%-2,25%; mientras que para 2023 estimó un escenario más pesimista, entre una caída de 1,00% a una tasa de 0,00%.

A ello se suma el inquietante análisis del Bank of America, que planteó que “la economía chilena está atravesando una fase de estanflación con inflación persistente y una desaceleración general”, en línea con lo expresado por el Banco Mundial: “La guerra en Ucrania, los bloqueos en China, las interrupciones en la cadena de suministro y el riesgo de estanflación están afectando el crecimiento. Para muchos países, la recesión será difícil de evitar”, proyectando un crecimiento de 1,7% para la economía chilena durante 2022, y de 0,8% para 2023.

“La estanflación se produce cuando existe un crecimiento elevado de la inflación con un estancamiento o recesión económica”, precisó Karin Bravo, quien, dadas las proyecciones del Banco Central, manifestó que “se podría hablar de este concepto dado que la inflación se mantendría en niveles de dos dígitos hasta fin de año y el crecimiento, aunque se proyecta aún será positivo, su magnitud será muy baja para este año”.

Medidas de mitigación

Como respuesta a las alzas de precios, el Gobierno ha lanzado algunas ayudas para aliviar el impacto en los bolsillos de los chilenos, con medidas amplias, como dos inyecciones de recursos al Mepco, para amortiguar las alzas de las gasolinas y el diésel, y otra inyección al Fondo de Estabilización de Precios de Petróleo (FEPP), para mitigar los aumentos de la parafina; y también con medidas más focalizadas, como la Canasta Básica Protegida, un subsidio en función de las variaciones de precios de la canasta básica de alimentos dirigido a las familias más vulnerables.

En ese contexto se aprobó el aumento del salario mínimo a $380 mil a partir de mayo, lo que si se compara con mayo de 2021 ($337.000), representa una expansión nominal de 12,7%, pero si considera el alza del costo de la vida (inflación) de ese periodo (11,5%), el aumento real fue de 1,2%.

Pero para los trabajadores, en general, no ha habido incremento. Según el último boletín del INE, el índice nominal de remuneraciones subió 8% en abril, comparado con igual mes de 2021, pero dada la alta inflación, en términos reales el indicador cayó 2,3% en 12 meses, la mayor disminución desde que hay registro.

Crecerá la pobreza

En esa línea, no es difícil anticipar un aumento en las tasas de pobreza.

Renato Segura, director de la Didepro de la Municipalidad de Chillán y del CER Regional, afirmó que “sin duda, la pobreza aumenta. El aumento generalizado de los precios disminuye el poder adquisitivo de los hogares, ergo, aumenta el nivel de pobreza”.

Al respecto, el académico Roberto Herrera, de la EAN UdeC, explicó que “de por sí, la inflación afecta de manera más fuerte a las familias que destinan todo su ingreso a consumo, ya que absorben de manera completa la pérdida de su poder adquisitivo. En cambio, si una familia puede destinar parte de sus ingresos al ahorro, entonces puede equilibrar la pérdida del poder adquisitivo con rentabilidades provenientes de sus inversiones. Entonces, en general, si este escenario continúa, claramente afecta a la calidad de vida de la población más vulnerable y esto independiente de qué forma se mida la pobreza”.

De igual manera, Karin Bravo observó que “una de las metodologías para medir la pobreza en nuestro país, utiliza como fuente de información los ingresos mensuales del hogar y lo contrasta con el costo que tiene un conjunto o canasta básica de productos alimentarios y no alimentarios. Por tanto, si la inflación se mantiene al alza, el costo de esta canasta tenderá a aumentar, y, por otro lado, el bajo crecimiento va acompañado de mayor desempleo, que afecta negativamente los ingresos de las familias por la cesantía que produce. Si se juntan estos dos elementos, este indicador de medición de pobreza tendería a empeorar”.

Gasto público

Pero para controlar la inflación no basta con reducir el gasto privado, también el del Estado, que representa más de un 20% del total, una decisión que también es política, ya que las presiones de distintos grupos por aumentar el gasto público, por ejemplo, en programas sociales, son crecientes.

Renato Segura expuso que “el Banco Central tiene el control sobre la política monetaria, herramienta útil para que la trayectoria de la variación de los precios converja en el mediano plazo (2 años) a la inflación meta. Sin embargo, para que dicho esfuerzo sea fructífero, se requiere controlar el exceso de dinero en el corto plazo, materia sobre la cual tiene mucha injerencia la política fiscal. Es decir, el Gobierno debe tener control sobre el gasto y el déficit fiscal”.

Según manifestó Roberto Herrera, “el Banco Central y el Gobierno son instituciones separadas (no dependientes entre ellas) por lo que no siempre siguen un objetivo en común y eso es lo complejo en estos escenarios económicos desfavorables. El Banco Central seguirá con su política de subir tasas de interés hasta que se perciban disminuciones en la presión de los precios, ya que, de hecho, su misión es justamente mantener el poder adquisitivo del dinero. Por otra parte, el Gobierno tiene una tarea difícil, ya que las altas demandas sociales, aún pendientes en Chile, no son compatibles con un gasto fiscal moderado. En definitiva, estamos en una situación difícil, en que ir por un objetivo perjudica el logro de otro; a esto, en la teoría económica se le llama un trade-off”.

De hecho, los mismos subsidios para mitigar el impacto en los bolsillos de las familias también contribuyen a aumentar la liquidez. En ese sentido, Renato Segura comentó que “los conflictos sociales se agudizan en períodos de alta inflación. En esta realidad, es necesario la intervención de la política social para mitigar el daño. Empero, dichas medidas deben ser financiadas con reasignación del presupuesto de gastos del sector público. Con ello, se minimiza el efecto en las medidas antiinflacionarias”.

De igual forma, el investigador advirtió sobre el riesgo de impulsar medidas erradas, como el control de precios. “Es una medida de presión social que, de implementarse, solo trae mayor padecimiento a la población. Las estanterías vacías en el comercio y el mercado negro, es un recuerdo macabro de lo que se experimentó en Chile cuando se buscó combatir la inflación utilizando el control de precios”, cerró.

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