La Unidad Especializada de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, abrirá una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera por el caso de compraventa del proyecto minero Dominga revelado en Pandora Papers.
“Queremos informar que el fiscal nacional ha decido iniciar de oficio una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los Pandora Papers y que, en definitiva, tiene relación con la compraventa de la minera Dominga que estuvo vinculada a la familia del presidente de la República“, afirmó Marta Herrera, directora de dicha unidad del Ministerio Público.
“El fiscal nacional ha tomado esta decisión atendida a que los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios. Materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación”, agregó Herrera.
La directora de la unidad también comunicó que el trabajo estará liderado por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, “atendida la complejidad, la gravedad de los hechos investigados“.
Según informó CNN Chile, la directora de la Unidad Especializada de Anticorrupción fue consultada sobre el controversial contrato firmado durante la compraventa de Dominga. Herrera afirmó que dicho documento no estaba incorporado en la investigación del caso Exalmar.
“Hay muchos antecedentes en la investigación original -por llamarla original la investigación de Exalmar- con la alguna arista de Dominga. Hay muchos antecedentes, pero ¿qué pudimos acreditar nosotros? Que un antecedente que no está incorporado en esa investigación tiene que ver con el contrato de 10 de diciembre de ese año que, en definitiva, materializa un acuerdo previo que era de octubre precisamente de ese año en relación a la compraventa de la minera Dominga”, informó.
“El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estabas incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que efectivamente es un antecedente nuevo“, sentenció.
La decisión de la Fiscalía hace aún más gris el escenario para La Moneda, dado que se suma a la del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que ordenó abrir un proceso penal en contra del Presidente Sebastián Piñera, luego de admitir a trámite una querella del abogado Luis Mariano Rendón.
El escenario es aún más complicado para el Jefe de Estado, dado que la determinación del Ministerio Público refuerza la presentación de una acusación constitucional por parte de la oposición que reclama que los hechos develados en los “Piñera Papers” infringen las normas de probidad, de acuerdo al artículo 8° de la Constitución, y “afectan la honra de la nación”. El libelo sería presentado la próxima semana y ya hay varios diputados de la derecha que se han manifestado en reflexión, lo que sellaría la suerte del Mandatario al menos en la Cámara Baja.
Piñera niega las acusaciones
Inmediatamente después de la publicación de los “Pandora papers”, investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y encabezada en Chile por los medios LaBot y CIPER, el Ejecutivo negó cualquier conflicto de interés, argumentando que Piñera desconocía las operaciones de sus empresas.
“Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación en el año 2017 y además fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia”, señaló Piñera, versión que ayer se desmoronó cuando de oficio el Fiscal Nacional decidió abrir una investigación penal por fraude tributario, cohecho y soborno.
Pese a ello, a través de una declaración pública, el Gobierno insistió ayer “que existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del presidente Sebastián Piñera”.
Sebastián Piñera es uno de los tres mandatarios latinoamericanos en funciones en ser investigado en los “Pandora papers”. Junto a él, están salpicados por otros casos el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader.
