Seis concejales de la municipalidad de Chillán interpusieron hoy sábado una querella criminal por delitos de cohecho y filtración de secretos en contra de los exfuncionarios municipales, Marcelo Campos y Ricardo Vallejos además del empresario León Lefort.
La acción fue impulsada por Nadia Kaik Gorayeb (RN), Jorge Vaccaro Collao (RN), Patricio Huepe García (PDC), Juan Enrique López Cruz (PRSD), Víctor Hugo Sepúlveda Barra (PCCH) y Brígida Hormazábal Gaete (PSCH).
La querella fue ingresada por el abogado, Remberto Valdés, en el Juzgado de Garantía de San Carlos, para ser parte de la investigación que mantiene en prisión preventiva a los tres imputados por ilícitos que habrían supuestamente cometido en la licitación de las luminarias led de Chillán, y en la cual se incautaron más de 37 millones de pesos en dinero efectivo a uno de los encausados y en que habría escuchas telefónicas que probarían el soborno.
Los concejales buscarán llegar a la verdad respecto de todo hecho reñido con la ley y que se sancione con el máximo de las penas a aquellas personas que hayan violado los principios de probidad.
El abogado, Remberto Valdés expresó, “tenemos el honor de servir a un grupo de personas del máximo prestigio público, vinculadas con el mismo ideario de probidad. Esta acción es estrictamente jurídica, no política y seremos tenaces en el descubrimiento de todo hecho ilícito. Nuestros representados son un aporte para toda la gestión municipal y para la ciudad de Chillán”.
En otro orden de ideas, Valdés expresó que espera que el Consejo de Defensa del Estado se una a este esfuerzo, pues es una institución de gran prestigio y seriedad. Respecto a que otros Concejales hayan decidido abstenerse de ejercer acciones judiciales, el abogado señaló, “están en el legítimo ejercicio de su libertad; nosotros hablamos por nuestros clientes con quienes estamos convencidos de que una acción decidida es crucial”.
El profesional indicó que a través de la querella se busca cooperar con la investigación y eventualmente pedir penas más graves de las cuales la fiscalía podría solicitar.
“La fiscalía tiene una postura jurídica frente a esta imputación e investigación. La parte querellante también deduce una acción por los mismos hechos que están actualmente formalizados los imputados y también puede pedir diligencias investigativas y cooperar con la investigación. Además, al hacerse parte puede formular la acusación y vincular pidiendo penas más graves de las que pida eventualmente el ministerio público, presentar las pruebas que estime necesarias para probar esas responsabilidades penales en el juicio oral, concurrir a todas las audiencias que tengan lugar en el periodo de investigación que puede extenderse hasta dos años”, sostuvo a La Discusión.
Respecto a los escenarios posibles que esperan como parte querellante, el abogado señaló que aún es muy pronto, ya que aún no tiene acceso a la carpeta investigativa.
“Hoy es prematuro señalar cuales son los escenario posibles, pues la mayoría de los antecedentes que no hemos enterado se encuentra en reserva, que dura un tiempo, que no debería extenderse más de 40 días. Cuando tengamos acceso a la carpeta investigativa queremos cooperar con la fiscalía dándole una visión de la investigación, que es la que nosotros tenemos como concejales. El código procesal penal contempla la figura del querellante como un sujeto activo del proceso penal que tiene todo el mérito y las garantías posibles dentro de sistema”, explicó.
El abogado, quien trabajó durante 11 años en el Consejo de Defensa del Estado, expresó que “quienes han sido los sujetos activos de soborno, cohecho, de violaciones de secreto son otras personas. Entonces, pedirle a las víctimas que yo represento, que son personas que han actuado con toda la prolijidad que la ley les encarga, que además asuman un mea culpa es un error, porque tendría que sancionarse a quiénes son víctimas de un delito y no aquellos que son culpables”.
Texto: S. Núñez |Comunicado de prensa.
