El Consejo Constitucional, liderado por el Partido Republicano, atraviesa un período complicado, ya que no cuenta con el respaldo de la ciudadanía según las últimas encuestas de opinión. Según los datos más recientes de Cadem, un 59% de las personas se declara “en contra” del texto en proceso, y en Tú Influyes, la misma opción obtiene un 50%.
Todo esto, en un contexto en el cual en las últimas semanas, este órgano constituyente ha aprobado enmiendas controvertidas, como la protección del derecho a la vida “del quien está por nacer”, la reducción de diputados a 138, la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda y el rechazo a la cuota de paridad de género. Esta situación ha generado críticas en el oficialismo, y aunque el gobierno insiste en buscar acuerdos y ha manifestado su apoyo al proceso, algunos representantes de partidos ya están contemplando alternativas al Consejo Constitucional.
El artículo 91 del reglamento
La Comisión Experta y el Consejo Constitucional son dos actores clave en este proceso. A pesar de las preocupaciones sobre el estado del texto, la Comisión Experta, designada por el Congreso, tiene la autoridad para hacer observaciones y sugerencias al proyecto propuesto por el Consejo Constitucional. De acuerdo con la ley que rige este proceso, una vez que el Consejo entregue su propuesta, la Comisión Experta elaborará un informe con posibles mejoras al texto. Estas propuestas serán sometidas a votación en el Consejo Constitucional, requiriendo un quórum de tres quintos para su aprobación o dos tercios para su rechazo.
Si alguna de las propuestas del informe no obtiene la aprobación ni el rechazo requerido, una comisión mixta compuesta por miembros del Consejo Constitucional y de la Comisión Experta analizará dichas propuestas y podrá proponer soluciones con el voto de tres quintos de sus miembros en ejercicio. Si esta comisión mixta no llega a un acuerdo en un plazo de cinco días, la Comisión Experta deberá presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional con el apoyo de tres quintos de sus miembros en ejercicio.
Finalmente, y quizás el punto más controversial del reglamento del proceso, el cual está siendo en estos momentos analizado por distintos constitucionalistas, es que la ley establece que la aprobación del texto completo de la nueva Constitución requerirá el respaldo de tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional (30 de los 50 consejeros).
Es decir, si el Partido Republicano, que cuenta con mayoría en el Consejo Constitucional pero es minoría en la Comisión Experta, no está satisfecho con el texto, podría negarse a dar su apoyo con tres quintos para aprobar la propuesta final. Esto podría llevar a una situación de incertidumbre cuando el proyecto regrese desde la Comisión Experta, ya que el Consejo tendría que ratificar el quórum y volver a votar sobre las cuestiones que fueron rechazadas por el Comité de Expertos. En el peor escenario, podríamos encontrarnos con comisiones mixtas o incluso la ausencia de un texto definitivo. Si el bloqueo persiste y no se llega a un acuerdo, no habría un texto para someter a consulta en el plebiscito programado para el 17 de diciembre de 2023.
“La probabilidad es muy baja”
Según la consejera por Ñuble de la UDI, Carolina Navarrete, “efectivamente el artículo 91 existe en el reglamento y habla de que en este proceso está la instancia de una votación final, y obviamente si esto se da en la ciencia ficción política, obviamente no hay texto que someter a la votación de la ciudadanía el 17 de diciembre”.
La representante local llamó eso sí a la calma, ya que “la probabilidad de que eso pase yo la veo muy baja, casi imposible, porque hemos estado y vamos a estar más de cinco meses trabajando en un texto, aprobando normas con los votos tanto del partido Republicano como de Chile Vamos, y también del oficialismo en conjunto, y hay que recordar las etapas que vienen, tanto las observaciones que hagan los expertos, como si eventualmente se forma la comisión mixta. Todas esas observaciones y modificaciones pasan por la votación del pleno, de los 50 consejeros. Siempre somos los consejeros los que tenemos la última palabra, y por lo tanto, veo muy poco probable que esto cambie tanto drásticamente con las enmiendas que nosotros mismos hicimos, por lo tanto, sería un absurdo estar estos meses aprobando normas que obviamente nosotros creemos que deben estar en la Constitución, y que deben estar en este nuevo proyecto, para que después en esta última votación no existan los votos necesarios que sí los tenemos como partido de derecha para poder aprobar en esta votación final y someter este texto al plebiscito del 17 de diciembre”, manifestó Navarrete.
Añadió que “a pesar que en las encuestas, la opción ‘a favor’ está abajo en los números, las personas aún quieren una nueva Constitución, y por lo mismo, yo llamo a esperar el texto definitivo que vamos a presentar el próximo 7 de noviembre”.
