Pese a la baja de contagios que se produjo a fines de junio y durante julio, la pandemia ha vuelto a producir rebrotes que parecen estar alejando al país de un control de la crisis sanitaria. En ese sentido, son varios los escenarios políticos y sociales que se han complicado. Uno de ellos es el Plebiscito programado para el 25 de octubre, y no obstante el inicio de la campaña, sigue en constante evaluación.
Según la última encuesta de Ipsos y Espacio Público sobre las “condiciones de un Plebiscito seguro”, el 85% de los encuestados cree que las personas contagiadas sí deberían asistir a votar en octubre. En el desglose de alternativas, el 44% indicó que deberían poder votar en el lugar donde se encuentran y que el Servel o el servicio de correos retire el voto. El 21% cree que se deberían habilitar locales especiales de votación; y el 18% que se deberían habilitar mesas especiales en los locales de votación.
Pese a que el Gobierno ha manifestado voluntad de realizar el referéndum, en los últimos días el oficialismo ha enfatizado en que la realización del plebiscito debiera ser evaluada y buscar una nueva fecha, puesto que, según análisis estadísticos hechos desde proyecciones Covid-19, durante las próximas semanas habría nuevos rebrotes.
Ante esto, un grupo de senadores de oposición presentó una declaración pública llamando a que el Gobierno asuma la responsabilidad de este acto electoral y que deje de endosar toda la carga del proceso al Servel. Pidieron aceptar la implementación del voto a distancia para pacientes Covid-19 positivos.
“Es deber del Estado garantizar el ejercicio de todos los derechos ciudadanos. Ningún ciudadano puede ser impedido de su derecho a sufragio. El anuncio hecho por el ministro del Interior, Víctor Pérez, de poner el voto de los enfermos de Covid-19, vulnera el derecho. El Servel debe tomar las medidas para garantizar la salud y seguridad del votante y nosotros, como parlamentarios, aún podemos legislar sobre un posible voto postal”, comentó el senador Alejandro Navarro (PRO).
Ante una posible suspensión del proceso, el académico de la Universidad de Concepción, Andrés Cruz, dijo que “es precipitado abrirse a una postergación mientras no tengamos claro qué ocurrirá estas semanas. Si esta iniciativa viene del mundo político, me parece que su legitimidad es dudosa. Creo que no se puede retroceder, pese a que hay grupos de poder que quieren evitar la manifestación de la ciudadanía”.
Cautela
El diputado Frank Sauerbaum (RN) comentó que la prioridad número uno debe ser la salud de las personas. “El Gobierno se esfuerza por cumplir su compromiso, pero si tenemos rebrotes importantes como lo estamos viendo, no hay ningún pecado en buscar nueva fecha y reformular el acuerdo tomado, porque son acuerdos políticos en beneficio de la gente, y con la pandemia la misma gente se ve afectada. La salud de las personas es más importante”, dijo el parlamentario.
Texto: Daniel Núñez / Diario de Concepción
