La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados visó el lunes una de las enmiendas clave de la reforma tributaria, la cual incorpora medidas para la lucha contra la elusión y evasión fiscal.
La medida aprobada apunta a la calificación administrativa, es decir, que sea ahora el Servicio de Impuestos Internos (SII), y ya no los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), el que dirima en primera instancia la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) a contribuyentes. Dicha indicación contó con el apoyo de todo el oficialismo, y del diputado de oposición Miguel Mellado (RN). Desde la UDI, en tanto, el diputado Guillermo Ramírez presentó reserva de constitucionalidad al respecto, lo cual fue respaldado por los diputados ñublensinos de su bancada.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]“Es inentendible que el gobierno haya propuesto que la aplicación de la norma general de antielusión quede sujeta a un criterio político. Los directores del SII son designados por el Presidente de la República, por lo tanto, no podemos dejar en las manos de un gobierno, ya sea este o futuras administraciones, la decisión de confirmar o desestimar si existió un acto elusivo. Esa labor debe estar en manos de un tribunal imparcial, y por eso esperamos que el gobierno entienda la gravedad de lo que propone, y evitemos llegar al TC, lo que podría entrampar la tramitación de la reforma tributaria”, advirtió la diputada, Marta Bravo.
Su compañero de bancada, Cristóbal Martínez, añadió que “claramente, el SII no puede ser juez y parte, debe cumplir su rol fiscalizador, pero la sanción no puede ir por parte de ellos. Debe ser un tribunal el que aplique las sanciones a aquellos que evadan el tema impositivo. Esto está recién partiendo, está en la comisión de Hacienda, y esperamos que el gobierno enmiende el rumbo para que no sea necesario avanzar con ello en el TC. Debemos dedicarle tiempo a la reforma tributaria, y por supuesto al presupuesto de la Nación”.
Desde RN, el diputado e integrante de la comisión de Hacienda, Frank Sauerbam, sostuvo que lo aprobado “fue una norma que fortalece el quehacer del SII, nosotros estábamos de acuerdo en una parte, pero había otra que dejaba en desmedro a los contribuyentes y los ponía en una situación muy compleja ante el Estado. Por ello la UDI decidió ir al TC, y este deberá decidir si se hace o no una afectación directa a las personas”.
Sauerbaum fue más allá, y reiteró que la reforma tributaria en tramitación “es una mala reforma, que se hace en un momento equivocado, de recesión económica, en que el alza de impuestos puede traer un efecto muy importante en el mercado laboral, perdiendo muchos empleos y afectando a la inversión y el ahorro. Creo que el plazo que el gobierno se ha dado es bastante ambicioso, porque somos los mismos diputados quienes estamos votando la reforma tributaria los que participamos de las comisiones mixtas de Presupuesto, por lo tanto, no sé si podremos terminar durante el mes de noviembre. Estamos haciendo el esfuerzo para que así sea, pero la complejidad de la reforma tributaria hará que se dilate mucho más la discusión”.
En concreto, el cambio propuesto en la reforma tributaria fija que la existencia de abuso o de la simulación será descartada administrativamente por el SII, mediante resolución fundada, acordada por el Comité Antielusión, el que estará conformado por las personas que tengan a su cargo las subdirecciones de fiscalización, jurídica y normativa.
Mayores atribuciones al SII
Una mirada distinta de la norma aprobada tiene el diputado independiente-DC, Felipe Camaño.
“Dentro del contexto sobre el ajuste al procedimiento para establecer elusiones a la Norma General Antielusiva (NGA), que considera la creación de un comité anti elusivo en el SII; respaldé una indicación para apoyar a las pymes que no perciban más de 75 mil UF anuales, para que sean excluidas de este procedimiento, estableciendo una multa no superior a las 1.000 UF. La idea es que se preparen para cuando sean empresas de mayor tamaño y puedan asumir los costos de una multa por elusión”, afirmó.
Agregó que “hoy las pymes se encuentran agobiadas por las deudas, y como Estado debemos facilitar algunos salvavidas. No debemos olvidar que la mejor forma de salir de la crisis económica, es fortaleciéndolas. Las pymes son el motor y las que dan trabajo, ellas son el sueldo de Chile”.
Según Camaño, “lo que busca la reforma es proporcionarle mayores atribuciones al SII, y no que ocurra lo del Sernac, que se transformó en un león con melena, pero sin garras, quedándose solo en la fiscalización. Claramente hay un sector político al que le molesta que las instituciones funcionen y sirvan para lo que están hechas realmente”.
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