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Tras la igualdad

Hace unos días, en la inauguración de la Asamblea General de la Asociación Chilena de Municipalidades, el presidente Boric enfatizó “Chile es un país que tiene grandes desigualdades, eso está requete contra dicho, que no son solo de ingresos. Yo lo sostuve en campaña y lo sostengo como Presidente de la República, Chile es un país que tiene recursos, pero ‘el chancho está mal pelado’ y tenemos que redistribuirlos de mejor manera”.

En paralelo, el texto constitucional que se propone lleva la exigencia de igualdad al paroxismo narrativo. Son más de 40 veces las que se hace referencia a este tópico, en prácticamente todas las materias que regula el texto constitucional. Me parece que es en el artículo 25 donde se puede advertir que a la igualdad se busca posicionarla como axioma político (y ético): “Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y oportunidades. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de esclavitud”.

Cabe precisar que en la filosofía clásica, la igualdad de las personas apunta a la naturaleza humana: es lo común a todo ser humano por ser tal. Ha sido reconocida como un criterio social con dos principales acepciones que la destacan como un valor fundamental. En primer lugar, con ella se hace notar la misma condición que han de reconocérsele a todas las personas ante la ley: nadie es superior o inferior a otro ante la ley. Por otra parte, y guardando estrecha vinculación con esa primera definición, la igualdad ha sido levantada como escudo ante cualquier posible discriminación arbitraria. Ambas argumentaciones tienen un soporte ético y antropológico que difícilmente podrían hacerlas objeto de refutaciones. Sin embargo, ideologías socialistas han levantado el concepto de ‘igualdad sustantiva’ como fórmula política que resaltaría la capacidad de toda persona para hacer efectivo sus derechos.

Esta concepción es la base de las perspectivas igualitaristas extremas que proponen eliminar la propiedad privada, en tanto ella sería, en sí misma, fuente de desigualdad. Argumentan que la propiedad (y sus frutos) daría una ventaja injusta respecto de quienes tienen menos.

Incluso algunos referentes de esta ideología asignan una especie de pecado de origen a quienes han nacido en condiciones favorables, como por ejemplo, los que siendo hijos de padres que han podido llevarlos a colegios de excelencia, adquieren una educación que los haría sobresalir arbitrariamente del resto. Este tipo de alumnos estarían siendo beneficiarios de “injustos privilegios” que sería necesario corregir. De hecho, hace pocos años un ministro de educación sostuvo esta tesis.

Sosteniendo que ha sido la propiedad privada la que habría producido ‘los desfavorecidos’, o ‘los históricamente excluidos’, el igualitarismo concluye que es necesario una reparación social. Y quien tendría la superioridad ética para lograrlo sería el estado.

De llevarse a cabo esta historia ya sabemos cómo terminará. Está escrito en una novela: La granja de los animales.

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