Organizaciones jerarquizadas, con funciones definidas, planificación, logística y hasta equipo contable, es como describen en los gremios y empresas eléctricas a las bandas criminales que registran robos de cableado, conductores y transformadores de cobre entre las regiones de Ñuble y Biobío ocasionando problemas en el abastecimiento eléctrico de diversas localidades rurales, incluyendo infraestructura crítica como hospitales o escuelas y pérdidas millonarias, aunque no precisadas por las empresas afectadas que ya hablan de “verdaderas mafias” dedicadas a este ilícito.
Así lo han precisado tanto la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas Ltda. (Fenacopel), que representa a siete cooperativas concesionarias del servicio de electricidad, entre ellas Copelec; y desde la empresa Frontel, que en los últimos dos años ha perdido por este delito, cerca de 25 kilómetros de cables en Bulnes y Yungay.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Según el jefe de Prevención de Pérdidas de Copelec e integrante de la Mesa de Robo de Conductores Eléctricos del Biobío y Ñuble, Nelson Jorquera, “existe toda una estructura para este tipo de delitos, estando quienes van a realizar el robo en sí, otros lo enrollan, hay gente que se encarga del transporte, y otros los comercializan. Para esto último, se han aumentado las fiscalizaciones a empresas compradoras de cobre y otros metales, donde se exige una amplia documentación que acredite la procedencia de los productos, lo cual lamentablemente no logra frenar del todo este delito”.
Según Jorquera, las bandas vinculadas a estos robos están constantemente trasladándose entre varias regiones, teniendo este delito el carácter de cíclico, evolutivo y fluctuante, donde actualmente la Región del Biobío es la que acapara el mayor número de casos.
“Para esclarecer este tipo de robos, es importante el trabajo que se realiza en el sitio del suceso, ya que por lo general es el personal de las propias cooperativas quienes descubren lo sucedido, por lo cual se creó un protocolo anexo a la denuncia que permite que cada cooperativa afectada envíe los antecedentes recogidos en terreno y de igual forma se trabaje en la reposición de los daños ocasionados lo antes posible”, comentó.
En tanto, el gerente de Fenacopel, Patricio Molina, destacó que este delito afecta a las personas no solo en “sus actividades domiciliarias, sino que además aquellas asociadas a plantas de agua potable, establecimiento de salud y educacionales, carabineros y policías, servicios públicos, telecomunicaciones, comercio, industria, afectando a toda la comunidad”.
Finalmente, desde Frontel añaden que fuera de participar de las mesas de trabajo también han capacitado a las policías para conocer el modo de operar de los delincuentes.
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