El Coordinador Eléctrico Nacional realizó el llamado a (re)licitación pública internacional para la adjudicación de la construcción de cinco obras de ampliación de la transmisión, correspondientes a los decretos de 2018 y 2019.
Entre las obras destaca el aumento de capacidad de la línea 1×66 kV Monterrico-Cocharcas, por US$ 892.658; y la ampliación de capacidad de la línea 1×66 kV Charrúa-Chillán, por US$ 6.393.909, un proyecto emblemático que se ha licitado en tres oportunidades, con dos procesos desiertos y en el último, la empresa que se lo adjudicó abandonó las obras en 2022 por las alzas de costos.
Esta línea es clave para el suministro de energía en la zona sur de Ñuble, sin embargo, está operando al límite de su capacidad, lo que ha impedido dar factibilidad de conexión a cerca de 400 solicitudes en los últimos años.
“Es una excelente noticia para nuestra región, ya que tendrá un impacto significativo en la dinamización de la economía y la atracción de inversiones, generando empleo y potenciando rubros clave”, afirmó el seremi (s) de Energía, Erick Solo de Zaldívar.
La autoridad agregó que, “como Gobierno, entendemos la importancia de este proyecto para Ñuble y este anuncio marca un paso crucial hacia su materialización. El cronograma establece que las obras deben ser adjudicadas en junio de 2024, para luego dar inicio a la ejecución, que se espera concluya en 36 meses”.
Incertidumbre
Por su parte, Patricio Lagos, gerente general de Copelec, valoró la noticia, aunque se mostró sorprendido, dado que esperaban la tramitación de una ley corta de transmisión que permitiera acelerar la ejecución de esta obra.
“Sabemos que en el gobierno existe la voluntad de que la ampliación de Charrúa-Chillán se concrete lo antes posible, pero todos pensábamos que esto se iba a hacer a través de una ley corta de transmisión -separada del proyecto de Ley de Transición Energética en trámite-, luego del anuncio del ministro de Energía, porque es el camino más rápido. Entonces, dado que todavía no hay ley, el Ministerio optó por relicitarla acorde a la ley vigente. Ahora bien, si sale la Ley de Transición, es el dueño de la instalación (CGE) el que debe licitarla y velar por que se haga a la brevedad”, expresó.
El problema, según Lagos, es que la ley actual establece plazos más extensos, por ejemplo, en este proceso las bases se pueden comprar hasta abril y la ejecución es de 3 años, “lo que no se condice con el sentido de urgencia de este proyecto, y que han reconocido las autoridades del Ministerio”.
“Si la ley corta avanzaba en el Congreso se suponía que iba a estar lista a fin de año y CGE se comprometía a ejecutar las obras en tres a seis meses, es decir, estábamos pensando que el próximo año estuvieran listas”, dijo.
“Nos llamó la atención que se optara por este camino, porque esto genera incertidumbre. Se trata de obras que requieren una ejecución urgente, por eso se planteó la ley corta. ¿Qué pasa si hay un interesado en el proceso y se aprueba la ley corta? ¿Se suspende el proceso?”, planteó el ejecutivo.
El gerente de Copelec añadió que, “además, corre el riego de que se declare desierta nuevamente, ya que el valor referencial publicado en la licitación, de 6 millones de dólares, es el mismo de la primera licitación en 2019, y yo entiendo que CGE está dispuesto a hacer la obra, pero por tres a cuatro veces ese monto”.
