La asociación gremial Chile Rural criticó las declaraciones del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a La Discusión, sobre la suspensión por parte de la justicia de la circular del SAG que endurecía los criterios para autorizar subdivisiones de predios rústicos, en las que afirmó que “el instructivo sigue en pie, se está preparando la ley y el Ministerio de Vivienda va a ponerse las pilas en lo que algunos llaman la suburbanización, pero tienen que ser urbanizaciones”. Además, el titular de Agricultura sostuvo que “el suelo rural es para producir y para vivir en el campo produciendo, no es para tener el pasto largo y tener piscina”.
Tomás Prado, presidente de Chile Rural A.G., entidad que agrupa a desarrolladores prediales, manifestó que “aquí hay cosas que consideramos graves: primero, el desacato del ministro ante una resolución de la justicia, que además, puede traer consecuencias para los funcionarios que desobedezcan una resolución judicial y, según hemos sabido, hay amenazas al interior del SAG para quienes desobedezcan al ministro. La autoridad olvida que el 21 de noviembre pasado se decretó por el 7 Juzgado Civil la medida precautoria consistente en la “suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados, Ordinario N° 637, suscrito por el ministro de Agricultura y Ordinario N°475, emitido por la Dirección Nacional del SAG, medida que fue notificada tanto al presidente del Consejo de Defensa del Estado, quien representa judicialmente al Ministerio de Agricultura y a la Subsecretaría de Agricultura, como a la representante judicial del SAG”.
El dirigente gremial agregó que “dados estos antecedentes, como Chile Rural instruimos a nuestro equipo legal para hacer una presentación ante el Séptimo Juzgado Civil, dando cuenta del incumplimiento de la medida cautelar, ante lo cual se dictó una resolución que obliga al SAG y al Ministerio de Agricultura a dar cumplimiento a la medida de forma inmediata, bajo apercibimiento de multa y arresto, e informar sobre ello al tribunal”.
Prado precisó que el Ministerio “tiene 20 días para informar al Juzgado las medidas abordadas para asegurar el cumplimiento de la resolución, y evitar que el SAG continúe haciendo caso omiso a la resolución, como constató Chile Rural”.
“Hacemos un llamado al ministro a elevar la discusión de mejoras a través de los organismos pertinentes y legislativos, y dejar de atribuirse competencias que no le corresponden que perjudican a cientos de familias en nuestro país”, cerró el dirigente.
