Intensas jornadas se viven estos días al interior del Consejo Constitucional, de cara al 4 de octubre, fecha en que deben culminar las votaciones y devolver el texto a la Comisión de Expertos.
Es más, se aprobó a posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas de ley durante la votación del capítulo III: “Representación Política y Participación Ciudadana”.
El artículo 47 contempla que “un grupo de cien personas habilitadas para sufragar podrá registrar en la plataforma del Servicio Electoral una iniciativa ciudadana de ley”, la cual deberá reunir -como mínimo- el apoyo del cuatro por ciento del último padrón electoral para que sea discutida en el Congreso Nacional.
Una norma que generó cierto consenso, en medio de un panorama poco auspicioso en torno a acuerdos, que hace recordar el actuar de la pasada Convención Constitucional, pero esta vez, con la supremacía de la derecha, y en específico, del Partido Republicano.
A menos de tres meses del plebiscito de salida, las opciones de aprobar este segundo intento Constitucional parecen desvanecerse en medio de la discusión de enmiendas identitarias, que poco tienen que ver con el ánimo de inundó a quienes impulsaron el rechazo a la propuesta anterior: escribir “una que nos una”.
Las encuestas son lapidarias al respecto. La última Cadem arrojó que solo un 23% votaría a favor del texto que escribe el Consejo; un 57% en contra, y un 20% no sabe o no responde.
En la encuesta CEP, en tanto, se preguntó mayormente acerca del interés de las personas sobre el proceso y, en ella, casi la mitad de los encuestados (49%) afirmó poseer poco o nada de interés en el tema, mientras solamente un 19% evaluó positivamente el proceso, y un 37% lo calificó de forma negativa.
La encuesta Criteria, por su parte, preguntó por la intención de voto de las personas. En este ítem se pudo apreciar que existe un gran porcentaje de personas que no tiene una decisión tomada (44%). Sin embargo, en lo que respecta a las posiciones a favor o en contra, existe una preponderancia a rechazar el texto, pues aquellos que afirman que aprobarán son un 15%, comparado con el 41% que busca rechazar, una posición en alza.
Ante este escenario, surgen algunas interrogantes: ¿Nos quedaremos con la Constitución de 1980? ¿Podría abrirse un espacio para reformarla? ¿Podría efectuarse un tercer proceso? ¿Se ha transformado este segundo proceso Constitucional más bien en una cancha para ensayar futuras alianzas políticas, de cara a las Presidenciales y parlamentarias?
Cuatro analistas evaluaron el actual contexto, y las implicancias que podría tener un nuevo fracaso Constitucional.
“Concentrarse en la agenda legislativa”
Según el abogado y académico de la Universidad de Concepción, Alfonso Henríquez, “no es posible dar un pronóstico acerca del resultado del plebiscito, pues aún quedan etapas en el Consejo. Además, es difícil predecir cómo la ciudadanía recibirá el texto. Por ejemplo, existen normas que causan preocupación. La objeción de conciencia institucional puede perjudicar de manera especial a algunos grupos vulnerables o de especial protección, la redacción del derecho a la vida tiene el potencial de impedir avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, mientras que muchas de las normas sobre derechos sociales, como es el caso de salud, educación o seguridad social, profundizan el modelo subsidiario y de mercado actualmente vigente. Pero también hay otras disposiciones que pueden despertar gran interés y adhesión. Es el caso de la exención del pago de contribuciones, la expulsión de migrantes o la introducción de la defensoría de las víctimas. Y no es fácil determinar cuál pesará más a la hora de decidir el voto”, advierte el experto.
Y agrega, “ por ejemplo, en un texto tan largo y complejo ¿Cómo comparar los beneficios que me traería pagar menos contribuciones? En teoría, algunas de estas normas podrían experimentar cambios. Una vez cerrada esta primera etapa, la Comisión Experta deberá entregar un informe en el que podrá formular observaciones al texto aprobado. Este informe deberá ser votado, y de no mediar acuerdo, se podrá formar una Comisión Mixta. Esta Comisión tiene facultades para proponer nuevos cambios, los cuales deberán ser aprobados por el Consejo. Sin embargo, este intento solo puede tener éxito si los partidos están dispuestos a ceder en sus posiciones. Y esto es relevante, dado que el texto aprobado hasta el momento refleja fundamentalmente las ideas de la oposición, no se trata de una propuesta de unidad”, afirmó.
Henríquez sostiene que de ganar la opción rechazo, “es probable que el proceso Constituyente llegue a su fin, al menos por este ciclo electoral.
“Si bien se ha hablado de un plan B, como sería el caso de discutir en el congreso algunas de las propuestas de la Comisión Experta, lo cierto es que no parece existir mucho consenso en torno a esta idea. Y menos acuerdo parece haber, en la posibilidad de iniciar un tercer proceso Constituyente. Personalmente creo que lo razonable sería cerrar el tema por el momento, y concentrarse en la actual agenda legislativa. Si gana la opción a favor, es probable que este resultado dé inicio a un nuevo ciclo de reformas constitucionales, sobre todo si la izquierda argumenta que el texto aprobado no recoge adecuadamente algunas de sus ideas. No sería algo raro, sobre todo a la vista de la experiencia comparada. Este escenario, además, podría influir sin duda en las próximas elecciones presidenciales o parlamentarias, sobre todo como parte de las promesas de campaña”, aseveró.
Conexión proceso Constitucional-reconfiguración de fuerzas
La politóloga y académica de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon cree en tanto que la discusión sobre los cambios a la Constitución se trasladará al Congreso.
“En el mejor de los casos, quedará una propuesta mas cercana a la propuesta experta. Como Chile Vamos vota con el Partido Republicano, se ve que la propuesta seguramente no respetará los acuerdos mínimos”, manifestó.
Según Simon, “siguen muy conectados de manera confusa el proceso Constitucional y la reconfiguración de las fuerzas políticas con miras a las elecciones presidenciales. El Partido Republicano ha mostrado ser bastante disciplinado en el Consejo Constitucional, no así en el Congreso”.
Simon recalcó que “el juego electoral ha llevado a enfatizar las diferencias por sobre los puntos en común. Antes del golpe de 1973, hubo una polarización importante entre las fuerzas políticas, y veo lo mismo ahora. No obstante, no creo que se repita la historia”, sostuvo.
¿El período de los ensayos Constitucionales?
Según el analista político, Rodrigo Landa, “hay varios fenómenos que vale la pena analizar y que envuelven el actual proceso Constitucional. El primero de ellos es el conflicto entre las élites, donde la polarización se ha transformado en un síntoma cultural de los últimos años. Esa disputa de poder es un terreno poco fértil para un texto Constitucional balanceado entre las distintas vertientes de pensamiento que conviven en nuestro país”, advirtió.
Además, dijo, “hay una tendencia progresiva de la sociedad chilena en su conjunto, a rechazar todas las estructuras de poder. Por esta razón, hemos vivido una alternancia frecuente en los últimos 20 años de Gobierno y una bipolaridad muy marcada en la ruta Constitucional, desde el estallido social, que aparentemente lo promovía un conjunto de anhelos legítimos de la sociedad; hasta este proceso que goza de un mínimo interés por parte de la ciudadanía, dado que las personas se sienten desilusionadas por no haber sentido cumplidas sus expectativas. Otro ejemplo claro de esta desafección es el nivel de aprobación del actual Gobierno. Hoy todos lo que triunfan automáticamente están en crisis. Es paradójico, pero no cambiará en un futuro próximo”, aseveró.
A lo anterior, planteó, “debemos sumar el desgaste del proceso y las importantes dificultades que enfrentan los chilenos en sus necesidades del diario vivir. La gran mayoría ve con distancia algo que ya no le interesa y donde se continúa experimentando un ánimo de imposición de verdades particulares, a ratos con cierta irracionalidad y de un populismo flagrante en algunos planteamientos. No veo un arreglo, ni en el clima ni en el debate Constitucional, para revertir una alta probabilidad de rechazo en el mes de diciembre”, resaltó.
Con esa lógica de disputa permanente y al mismo tiempo de desacople entre el sistema político y los ciudadanos, agregó Landa, “soy pesimista respecto del resultado Constitucional. Es probable que en el futuro, mirados estos años desde el retrovisor, sean recordados como el ensayo Constitucional de Chile en la era digital del conflicto, la polarización y el estancamiento. Un país deprimido y sin capacidad de ponerse de acuerdo sobre su futuro. En síntesis, una “farra histórica””, afirmó.
En tanto, expresó, “a dos años de las elecciones presidenciales y parlamentarias, no visualizo una correlación entre ese momento político y el actual, al menos desde un punto de vista electoral. Lo que sí es muy probable, es que la lógica del conflicto seguirá marcando la dinámica de la política en Chile, empujada por dos extremos dogmáticos y fragmentada en el centro y en las posiciones más moderadas, con un amplio abanico de posibilidades para los electores. Quizás, una solución que devuelva el espíritu de unidad al país sea un proyecto que logre capturar la adhesión desde el centro hacia la centro derecha y centro izquierda. Pero eso es política ficción faltando tanto tiempo para las presidenciales, y porque además se requiere valentía y generosidad”, precisó.
“Mochila” para el próximo gobierno y el congreso
Cristian Quiroz, Doctor en Administración y Política Pública del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, cree que el rechazo a la propuesta Constitucional de la Convención pasada, y una eventual desaprobación del nuevo texto, “no significan que la sociedad chilena esté conforme con la actual Constitución, sino que dice relación con otros elementos, como los mecanismos de redacción, el descrédito de la convención y la desafección con el proceso en marcha”.
Este escenario, a su juicio, “sumado al ciclo electoral que se abre el 2024 probablemente incidirán en una postergación de la discusión Constitucional, lo que puede ser un tema relevante en la campaña presidencial de 2023. Lo cierto es que seguirá siendo un tema crítico para la convivencia cívica y el abordaje de temas de fondo, como el rol asignado al Estado en materias de salud, educación, previsión social, medioambiente, entre otros”, sostuvo.
Respecto de si lo que ya se ha aprobado en el Consejo Constitucional pudiera revertirse, Quiroz planteó que “en esta etapa el borrador propuesto por la comisión experta cobra relevancia. Llama la atención que en el trabajo del Consejo Constitucional se hayan incorporado elementos que no debieran estar en una Constitución, y que por el contrario, confundirán en el plebiscito. ¡Si incorporaron hasta el tema de las contribuciones!”, destacó.
Sobre si a estas alturas, tiene más importancia el choque de fuerzas al interior del Consejo en la configuración de fuerzas para las presidenciales y parlamentarias, Cristian Quiroz cree que “la política sigue en crisis. Por un lado, una ciudadanía defraudada, crítica y con padecimientos. Por otro, partidos políticos que no logran sintonizar con la sociedad. El voto obligatorio será una prueba de fuego en ese contexto y un buen punto de partida es precisamente la discusión Constitucional pendiente, que deberán canalizar los candidatos presidenciales y el congreso. Pero no en términos abstractos, sino que aterrizando el diseño político de la Constitución en la respuesta concreta a los problemas crónicos que llevaron al estallido y que siguen latentes”, advirtió.
