Finalizadas las elecciones de los consejeros constitucionales, comenzará un proceso amplio de convocatoria ciudadana liderado por las universidades acreditadas en todo el país.
La Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana es la entidad técnica interinstitucional encargada de ejecutar la participación ciudadana del proceso constitucional contemplada en el artículo 153 de la Constitución Política de la República, cuyo objetivo es recoger y facilitar oportunamente la voz de la ciudadanía y favorecer las condiciones para que esta sea considerada en el debate constitucional.
Para cumplir con este mandato, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, en colaboración con universidades acreditadas y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, deberán diseñar, coordinar, implementar y sistematizar los mecanismos de participación ciudadana, tal como se consigna en el artículo 106 del Reglamento de funcionamiento de los órganos del proceso constitucional.
Los mecanismos definidos
En estas tareas se promoverá la inclusión de grupos o personas habitualmente excluidas de la discusión pública.
“Se trata de cuatro mecanismos de participación, entre los cuales se encuentran la iniciativa popular de norma, las audiencias públicas, los diálogos representativos y las consultas ciudadanas”, afirmó Claudia Heiss, encargada de audiencias públicas en la Secretaría de Participación Ciudadana.
Por su parte, Valentina Rosas, encargada de diálogos en la SPC, explicó que las conclusiones de la participación en estos cuatro mecanismos serán sistematizados por la SCP y entregados a fines de julio tanto al Consejo Constitucional como a la ciudadanía.
“Esto permitirá que la Secretaría entregue los resultados cuando el Consejo todavía se encuentre en el período de debate de normas, facilitando que los sueños y anhelos de las personas sean adecuadamente integrados al debate constitucional”.
El proceso de participación ciudadana que está siendo guiado por las universidades de Chile y Católica, en coordinación con las universidades acreditadas en el país responde al mandato de la Constitución para garantizar mecanismos transparentes y efectivos para la participación.
