En los últimos días, el ánimo inicial de consensos que se había dado al interior de la Comisión Experta ha llegado a su fin, con el quiebre manifestado entre oficialismo y oposición respecto del gran número de enmiendas presentadas.
Estas últimas, a juicio de la derecha, “vulnerarían” el acuerdo alcanzado para aprobar las normas en general, argumento que la izquierda ha rechazado, pues siempre advirtieron que el texto era “perfectible”.
Las diferencias ideológicas son el principal motivo de disputa, principalmente en lo referente a sistema electoral, el umbral del 5% para llegar al Congreso y el sistema de salud.
También destacan disensos respecto de la protección del medio ambiente, escaños reservados para pueblos originarios, paridad de género y Poder Judicial, entre otras áreas.
Salud
Sin duda, ha sido uno de los temas más discutidos al interior de la Comisión Experta. Las principales diferencias que se expusieron en el contexto del debate se centraron en el destino de las cotizaciones de salud y pensiones.
Para efectos de no dejar duda de su postura, el comisionado Flavio Quezada (PS), explicó el alcance de sus dichos, en cuanto a que “no votaré a favor de constitucionalizar los modelos de AFP y el modelo de Isapre”. Sobre el punto precisó: “Basta leer la Constitución y no está ni lo uno ni lo otro, están en la ley”. Puntualizó que el texto vigente establece reglas que no existen en otras constituciones del mundo, “no tienen antecedentes en la historia Constitucional chilena, sino que tiene su origen directo en un oficio de la Junta de Gobierno de aquella época, en consecuencia, no se puede saber cuáles son los fundamentos constitucionales o técnicos”.
Quezada dijo que “las normas vigentes son las que han impedido muchas políticas públicas en tiempos de democracia, porque se han constituido en un cerrojo constitucional para políticas sociales solidarias en esta materia y, en consecuencia, dado que no tienen antecedentes en la historia constitucional chilena, no existen en el derecho comparado, dado que su origen es desconocido, porque llegan de la Junta por oficio, dado que no hay acuerdo social transversal, ni fundamento técnico alguno, yo no votaré a favor de una norma que constitucionalice estos modelos en el anteproyecto sobre el cual deba trabajar el Consejo Constitucional”, sentenció.
En tanto, el representante de Renovación Nacional, Teodoro Ribera, indicó que “debemos ser capaces de llegar a un acuerdo para conciliar la existencia de un sistema en el cual la gente pueda elegir no sólo el sistema, sino también al médico y el lugar donde se atiende”.
En ese sentido, manifestó que “para lograr un mayor equilibrio entre lo que hoy existe y lo que queremos que exista a futuro, concedimos que el Estado pueda generar y mantener una red hospitalaria a nivel nacional, para que las posibilidades de competencia y mejor atención se incrementen. La historia nacional ha demostrado que los chilenos valoran la libertad de elección”.
Sistema electoral
Respecto a las enmiendas sobre sistema electoral, la comisionada Natalia González (Ind.-UDI) sostuvo a Radio U. de Chile que “éstas buscan que las fuerzas presentes en el Congreso sean más centrípetas y menos fragmentadas. Una de ellas propone ‘prohibir las listas de independientes, para evitar lo que sucedió en la Convención Constitucional’”, dijo.
Sobre la discusión sobre pactos electorales, González manifestó que “no queremos prohibirlos, sino que buscamos que el sistema electoral sea con lista abierta, lo que significa que las personas podrán seguir votando por el candidato de su preferencia y, no sólo marcando por el partido”.
En el oficialismo, la comisionada Antonia Rivas (Convergencia Social) precisó que su sector presentó enmiendas para “un sistema de listas cerradas, que quiere decir que las personas votan por una lista y no por un candidato en particular. Si bien es un cambio en la forma electoral, esto permite fortalecer a los partidos políticos y a la democracia, en conjunto con las normas de antidiscolaje y el umbral del 5%”, mencionó a Radio U. de Chile.
Medio ambiente
En lo referente a medio ambiente, la presidenta de la subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Alejandra Krauss (DC), aseveró que su sector presentó “un capítulo bastante más reforzado que el que se contenía en las normas que se sometieron a aprobación en general, fundamentalmente adecuándolo a la legislación nacional y a estándares internacionales. La crisis climática nos obliga a ser tremendamente responsables y mirar al futuro incorporando principios como el precautorio, la justicia climática, la justicia ambiental o la prevención”.
El comisionado Jaime Arancibia (RN), también miembro de la instancia, sostuvo en tanto que las indicaciones de su sector promueven “buenas prácticas en materia ambiental, y al mismo tiempo una institucionalidad que pretende asegurar certezas en materia de evaluación de impacto ambiental, de modo que concilie no solamente la protección del medio ambiente, sino que también el desarrollo y la sostenibilidad”.
Paridad de género
Comisionados de centro izquierda ingresaron una enmienda que garantiza la igualdad de participación de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados de los poderes del Estado.
“La propuesta inicial no es suficiente para lo que los movimientos feministas y las mujeres de Chile venimos planteando, incluso, antes de estos procesos constitucionales. Los últimos órganos políticos se han conformado de manera paritaria, esta Comisión Experta es paritaria. Por lo tanto, creemos que la democracia paritaria es la regla general que debe continuar”, aseveró la comisionada Leslie Sánchez (PPD).
Anteproyecto de mínimos comunes
El abogado y académico de la U. de Concepción, Alfonso Henríquez, recordó que hace algunas semanas, la Comisión Experta aprobó en general un texto que parecía apuntar hacia un cierto consenso en cuestiones centrales, como las relativas al sistema político, forma de Estado, organización del poder judicial, y derechos fundamentales.
“Sin embargo, con el paso de los días hemos visto que han surgido algunas controversias que han desdibujado en parte ese aparente acuerdo inicial, algo muy normal en este tipo de procesos, por cierto”, aclaró.
Por ejemplo, dijo, un punto muy discutido es el que toca al alcance del concepto de Estado Social.
“Sobre el particular, el problema radica en que la oposición busca avanzar hacia un reconocimiento más explícito de la libertad de elección en áreas como salud, educación o seguridad social, mientras que para el oficialismo, resulta clave fortalecer el carácter social de este tipo de derechos junto con el rol del Estado tanto en su regulación como en su aseguramiento y prestación. Sin embargo, creo que no sería deseable que la Comisión Experta resuelva este punto u otros similares. Me explico, dependiendo de cómo terminen las negociaciones en relación con las enmiendas presentadas durante esta semana, dicha Comisión podría acordar un texto más o menos breve, o bien, terminar con una propuesta muy detallada. Si se da esta última posibilidad, podríamos enfrentar un escenario en el cual el Consejo vea algo limitada su labor, sobre todo en términos de su capacidad para introducir cambios a dicha propuesta, incluso con independencia de los resultados de la elección. Esto podría restar apoyo o legitimidad al proceso, en el fondo quedaría la sensación de que el Consejo solo estaría cumpliendo un rol notarial, en el sentido de limitarse a dar su visto bueno o mostrar su conformidad con un texto elaborado de forma previa por un órgano no electo”, precisó.
Por esta razón, y reconociendo el buen trabajo que está llevando a cabo la Comisión Experta, afirmó, “creo que lo ideal sería que este órgano presentara un anteproyecto que solo recoja algunos mínimos comunes, esto para favorecer que el Consejo pueda deliberar y decidir acerca del contenido del nuevo pacto social de la forma más amplia posible, siempre respetando los límites establecidos por las bases constitucionales”, manifestó.
Jeanne Simon, politóloga y también académica de la U. de Concepción, fue más taxativa, y sostuvo que “como hubo muy pocos acuerdos en la Comisión Experta, la mayoría de los temas quedó pendiente para resolver en el Consejo Constitucional”.
Según la politóloga, “incluso ha habido discusiones sobre cómo interpretar las bases del acuerdo (por ejemplo, en relación al Estado Social de Derechos).
Como está tan dividida la Comisión Experta, la conformación del Consejo Constitucional podría inclinar la balanza entre las fuerzas políticas. El margen de acción que tendrán los y las consejeras dependerá de su capacidad de encontrar puntos en común para generar mayorías entre las distintas perspectivas”, sentenció.
