El Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó ayer la Ley Antinarcotráfico, iniciativa que fortalece la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, pese a que en su momento contó con una amplia resistencia por parte de la oposición.
La nueva norma sanciona a quien administre a terceros, sustancias ilícitas sin su consentimiento. Las penas, en este caso, pueden llegar a presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años) si se usa violencia o intimidación para administrar u obligar el consumo.
Además, castiga a quien suministre a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica.
La ley también establece que si algún delito relacionado con las drogas se comete valiéndose de un menor de 18 años o personas exentas de responsabilidad, se aumenta en un grado la pena. A su vez, la pena aumentará en dos grados, cuando se proveyere de armas de fuego a menores de edad para alcanzar fines delictivos.
Decomisos e incautación de bienes de narcotraficantes
Según la nueva normativa, entre los instrumentos incautados se incorporan bienes muebles e inmuebles, que el juez de garantía podrá destinar provisionalmente a petición del Ministerio Público.
Estas podrían ser destinadas a una institución del Estado o, previa caución, a una institución privada sin fines de lucro.
Además, la nueva ley introduce mejoras en los procesos para la enajenación temprana de bienes, posibilitando que el SENDA pueda solicitar esta enajenación, y se amplían los bienes susceptibles de ser enajenados tempranamente.
Ruta del dinero y los precursores químicos
Esta legislación entrega también mayores facultades de fiscalización a la PDI y Carabineros, respecto de las personas que están o deben estar inscritas en el registro de precursores y sustancias químicas.
Además, amplía el catálogo de las empresas obligadas a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, y que tiene por objeto fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada, desde un aspecto económico, dado que permitirá identificar en nuevos rubros actividades destinadas a ocultar el origen ilícito de los bienes.
