La empresa Agrícola y Frutícola Veneto Ltda., suma tres meses sin cumplir la sanción de cierre del plantel porcino Santa Josefina, que le impuso la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), con autorización del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
Durante ese tiempo las autoridades no han logrado concretar la clausura y la firma ha interpuesto recursos judiciales ante la Corte de Apelaciones de Chillán, la Corte Suprema, y el Tribunal Ambiental, para evitar el cierre.
Bajo ese escenario, los vecinos del sector Bustamante de Coihueco presentaron una querella por desacato en la Fiscalía de Chillán, que se suma a la investigación que inició el mes pasado el Ministerio Público.
Rosa Saldías, vicepresidenta de la junta de vecinos del sector Bustamante, detalló que “presentamos la querella por desacato porque ellos no han acogido lo que dictaminó el Tercer Tribunal Ambiental. Venimos aquí con los agricultores de la zona, quienes han apoyado este movimiento desde que denunciamos la contaminación del plantel que afectaba nuestros cultivos. Ha pasado mucho tiempo, hemos aguantado y esperado que las autoridades y las leyes estén a nuestro favor”.
Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, quien representa y asesora a los vecinos, sostuvo que “hace más de un año que hay una sanción establecida por la SMA después de dos años de fiscalizaciones donde se estableció que había irregularidades graves, y el plantel todavía sigue funcionando. Creemos que es importante agotar todas las instancias disponibles, apuntamos que hay derechamente una desobediencia”.
El abogado enfatizó que “los argumentos que están entregando únicamente buscan dilatar el cierre. Desde el punto de vista de la sanción, la pena no es muy alta, no creo que esto termine en cárcel para los representantes legales, pero lo que nosotros estamos haciendo es aportar la mayor cantidad de antecedentes a la Ficalía, para que puedan eventualmente terminar la investigación con algún tipo de acusación. También evaluaremos, terminada la indagatoria, si nos adherimos a la acusación o si insistimos por el delito de desacato”.
Sobre una acción legal de indemnización, Frez recalcó que “existen antecedentes suficientes para enteder que había un daño ambiental y que eventualmente pueden haber afectaciones a la salud de las personas. No sabemos en cuánto tiempo los daños por los inclumpimientos sanitarios van a estar en la zona y eso tiene implicancia desde el punto de vista civil para los vecinos que son agricultores que viven de la tierra, la cual se ha visto contaminada por este plantel. También vamos a pedir a Salud nuestreos actualizados”.
En relación a lo explicado por el seremi de Medio Ambiente, quien sostuvo que “todos los pasos los queremos acabar para evitar algún tipo de tramitación pendiente que nos pudiera complicar o implique por ejemplo una indemnización. Tenemos un plan de trabajo, que está listo, que se tiene que ejecutar con la venia del Ministerio Público”, el abogado consideró que “a raíz del funcionamiento irregular han obtenido ganancias, no corresponde una indemnización. El procedimiento sancionatorio se llevó adelante de buena manera por la SMA, por lo que no deberían quedar dudas. Lo que tiene que hacer la autoridad es forzar el cumplimiento más que estar al resguardo de eventuales amenazas de parte de los titulares de la empresa”.
Osvaldo Zúniga, vecino del sector, comentó que “nos capacitamos para producir fruta de exportación a un exigente mercado norteamericano,con grandes esfuerzos para avanzar a la agricultura orgánica. La empresa nos prometió una industria moderna, con alta tecnología. Cómo les vamos a volver a creer si no han cumplido en todo este tiempo”.
