Personal de salud de la Red Asistencial de Ñuble sufrió a fines de septiembre una nueva agresión. Esta vez afectó a una médica, una enfermera y una TENS del Hospital de Quirihue, en el ejercicio de sus funciones, y que además derivó en daños en la infraestructura del establecimiento.
Por esta razón, el Servicio de Salud Ñuble (SSÑ) presentó una querella en contra de la autora de las lesiones causadas a las funcionarias y los daños en el recinto de salud, por el delito amenazas realizadas a profesionales y funcionarios de establecimientos de salud y por el delito de daños, ambos en grado de consumados, la cual fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Quirihue.
La directora del SSÑ, Elizabeth Abarca Triviño, expresó que “situaciones como esta son totalmente inaceptables. Sabemos que no es primera vez que suceden, por lo que reforzamos fuertemente nuestro categórico rechazo a cualquier hecho de violencia, física, verbal, o amenaza que afecte a un trabajador, o usuario de nuestra red de salud. Como Institución, nos hicimos parte de esta acción judicial, por lo que vemos con gran satisfacción que el Juzgado de Garantía declarará admisibilidad, lo que permitió sea sometida a tramitación”.
“Lamentamos profundamente el complejo momento que vivieron nuestras funcionarias, quienes mientras realizaban sus labores de resguardo de la salud de la usuaria, fueron agredidas. No aceptaremos bajo ninguna circunstancia que se dañe la integridad de quienes se encuentran desarrollando labores en ninguno de los establecimientos de la Red Asistencial, pues nada justifica este tipo de actos”, agregó Abarca.
Refuerzo de la seguridad
Respecto de las acciones que se están tomando para reforzar la seguridad en los centros de la red asistencial, la directiva explicó que “estamos trabajando fuertemente en distintas líneas de acción, que incluyen mejorar la seguridad dentro de los establecimientos. A su vez, hoy somos parte de la Mesa Regional de Seguridad para la Salud, las que se replican en las Provincias de Itata y Punilla, estas son lideradas por el Delegado y las Delegadas Presidenciales y buscan establecer un plan que prevenga y enfrente los hechos de violencia que puedan surgir en los distintos recintos asistenciales del territorio y fortalecer el trabajo coordinado que derive en el resguardo efectivo de las y los funcionarios”.
Desde el año 2019, existe una ley que endurece las sanciones contra quienes agredan a profesionales que presten servicios en establecimientos de salud, entregando a los jefes de los establecimientos la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones. Dicho cuerpo legal, faculta a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, garantizando además, el acceso a defensa jurídica para quienes sean víctimas de agresiones en su trabajo.
A su vez, el Ministerio de Salud cuenta con un Protocolo de Agresión a los Funcionarios de la Salud, que establece un marco de acción frente a situaciones de violencia.
