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¿Política pro equidad o pro crecimiento?

La ley de royalty minero aprobada recientemente, tiene por objetivo aumentar la renta en la minería del cobre y distribuir la riqueza en todas las regiones. El royalty anterior se justificaba en capturar renta económica, pero para financiar innovación (creación de becas Chile y envío a regiones de fondos para la competitividad), distinto a la lógica de la nueva ley en cuanto al control y uso de estos fondos.

Lo cierto es que la promulgación entrega certeza jurídica a 53 proyectos detenidos con inversión cercana a 73.000 millones de dólares, lo que facilitará la evaluación final de estos proyectos al tener la carga tributaria que hoy es ley. ¿Qué variables son consideradas en esta evaluación? En la primera clase de evaluación de proyectos, se enseña a los estudiantes que la atracción de inversiones no se logra sólo por utilidades esperadas, ya que el riesgo asociado es también una variable que descuenta utilidad al actualizar los flujos futuros, tales como: estabilidad política/económica (los resultados del segundo proceso constitucional reducen la incertidumbre y favorecen la inversión), sistema tributario (el royalty minero fija la carga tributaria en 46,5% para empresas que produzcan más de 80 mil toneladas de cobre), costo del recurso humano (costo de empresa de jornada ordinaria considerando 40 horas semanales y seguro social con cotización adicional de 6% con cargo del empleador), competencias del trabajador (baja inversión en capital humano avanzado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología), logística (disponibilidad de carreteras, puertos y aduanas trabajando 24 horas), entre otros. Y una vez evaluado, debe ser estratégicamente más atractivo que la mejor alternativa que el inversionista dispone. Por ejemplo, Perú posee una carga tributaria de un 44% y una jornada ordinaria laboral total de 48 horas semanales, lo que aparentemente serían condiciones generales más favorables a inversionistas.

¿Qué sucede con el resto de los sectores? Durante el 2023 la inflación va a quedar atrás como preocupación, pero la restricción crediticia de los bancos va a tener mayor visibilidad. ¿Cuál debe ser entonces la estrategia país? A mi juicio, ésta no debiera salir del rumbo de las exportaciones, por lo que se debería retomar la agenda de tratados, ya que cada día aparece un nuevo competidor para los productos que vendemos a nuestros socios comerciales, y aún debemos llegar a economías emergentes como India o África.

Finalmente, si queremos tener una sociedad que disponga de acceso a la mayor cantidad de bienes, debemos tener una estrategia de país que permita atracción de inversiones, desarrollo de sectores estratégicos, contener el gasto público, favorecer la competencia o dotar de capital humano avanzado a la economía. Lo anterior, provocará mayor inversión, aumentando el empleo y la masa salarial, que demandará más bienes y servicios, impactando en la producción de las empresas, las que necesitarán aumentar su personal y salarios. Como conclusión, una política de pro equidad no puede obviar la necesidad de generar condiciones favorables que permitan el desarrollo de una política de pro crecimiento, esta última necesaria para financiar la primera.

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