Señor Director:
El plan “Chile Apoya”, con un costo fiscal estimado de US$ 3.726 millones, incluye 21 medidas que van desde la creación de 500 mil empleos en dos años, amortiguar el alza en productos básicos, como parafina y gas, congelamiento de precios del transporte público, aumento de subsidios a la contratación, fortalecimiento de las líneas de crédito Fogape y préstamos a comerciantes no bancarizados.
Es un plan necesario y en general muy bien diseñado. De hecho, según Hacienda, el costo no es incremental al presupuesto aprobado para este año, por lo que no generaría presiones inflacionarias adicionales. Se financiaría usando la glosa republicana y reasignaciones dentro del Fondo Covid ya incluido en el presupuesto 2022. Así, este plan no debería implicar mayor emisión de deuda soberana ni uso del FEES, y no tendría impacto en el déficit fiscal ni en la deuda bruta.
El plan también se hace cargo de los problemas más apremiantes de la economía chilena, como la recuperación de empleo y el financiamiento de las Pymes y emprendedores, pero también de demandas contingentes como la mejora de la BAES y el alza del precio de la parafina y el gas licuado.
Una medida que podría acarrear distorsiones en los mercados y consecuencias no intencionadas es el aumento del salario mínimo de $350 mil a $400 mil, que puede destruir empleos y contribuir a mayores presiones inflacionarias en el corto plazo. Tampoco se entiende el objetivo de un bono para un grupo específico de la población, como lo es el de trabajadores y trabajadoras de cultura.
Con todo, se trata de un buen esfuerzo del gobierno que empieza a delinear su compromiso con la sostenibilidad fiscal, rigiéndose por el presupuesto vigente para este año.
Mauricio Villena
DecanoFacultad de Economía y Empresa UDP
