Cerca de las 12.00 horas de este lunes, la Policía de Investigaciones de Chillán, por orden del Ministerio Público, detuvo al exconcejal de Chillán, Víctor Sepúlveda, por su supuesta participación en los hechos de corrupción que componen la emblemática causa conocida como “Caso Led”.
“Cacharro”, como se le conoce, había sido objeto de una investigación que data desde el 2019, y según consta en declaraciones de testigos y de funcionarios de la PDI, se habría visto al abogado Víctor Amado, controlador de la Empresa Dimensión, encargada del retiro de la basura domiciliaria en Chillán, y amigo del dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, ingresar con un maletín al edificio de departamentos en donde registra domicilio el exedil, para salir del céntrico inmueble, sin el maletín.
Coincidentemente, de manera paralela, pero esta vez en Santiago, se detuvo a Víctor Amado, por esta misma causa.
El arresto causó impacto en la Municipalidad de Chillán.
El alcalde, Camilo Benavente, quien fue compañero en el concejo pasado de Sepúlveda, manifestó: “cuesta creer que estas cosas pasen, sobre todo cuando se trata de personas con las que uno trabajó por tanto tiempo, precisamente por el bien de la comunidad”.
Buscando ser cauteloso, añadió que “de todas maneras no es bueno sacar conclusiones apresuradas, ya que hay toda una investigación que si ya cumple casi dos años, aún le queda mucho por delante, entonces solo nos queda esperar que la Justicia haga su trabajo por el bien de todas las personas”.
De todas formas, no eludió el que la acción policial significa un golpe a la credibilidad del estamento público y a la transparencia con que se trabaja en la Municipalidad de Chillán.
“Eso es realmente lamentable. Esto es parte de una herencia catastrófica que estamos recibiendo y todos quienes actualmente trabajamos en la municipalidad, y en este nuevo Concejo Municipal, estamos haciendo todo de nuestra parte por darle dignidad a nuestra labor, estamos haciendo todo de manera transparente, porque es la única forma de garantizarle a la gente que estamos trabajando de forma honrada”, añadió.
Para Patricio Huepe, actual concejal, quien también trabajó con Sepúlveda, “esto ha sido realmente sorpresivo y la verdad no sé qué decir. Lo cierto es que es algo que me extraña demasiado, ya que Víctor (Sepúlveda) fue parte de los concejales que se sumaron a la querella que presentamos por ese caso a través de un abogado, y también fue citado -como todos nosotros- muchas veces a declarar”.
Se espera que para los próximos días, Sepúlveda y Amado puedan ser formalizados por soborno y cohecho.
Fiscalía pide más plazo
Para este próximo 20 de diciembre se fijó una nueva audiencia, en el marco de la investigación penal del Caso Led, que dice relación con hechos de corrupción en los procesos de licitación municipal para el recambio de luminarias por tecnología led, entre ellas, en la Municipalidad de Chillán.
La audiencia fue solicitada por la Fiscalía Regional de Ñuble, considerando a que pedirán nuevamente una prórroga en el plazo de investigación, siendo esta la quinta vez que lo solicitan.
Sin embargo, y más allá de cualquier oposición que pueda haber entre las defensas ante la posibilidad de extender el proceso, la principal novedad la constituye el que la audiencia se realizará en el Séptimo Juzgado de Garantía, en la comuna de Santiago, siendo la primera vez que un tribunal fuera de la jurisdicción de Ñuble conocerá de esa causa.
Y aunque técnicamente, ese juzgado metropolitano no hizo el trámite de declararse competente, ya comenzó a agendar audiencias al respecto, lo que significa que en adelante los litigios serán resueltos en esa sede.
Desde que en mayo de 2020 se judicializó la investigación, mediante la formalización en contra de Marcelo Lefort y los entonces funcionarios chillanejos Marcelo Campos (asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán), y de Ricardo Vallejos (administrador municipal), las audiencias se realizaron en el Juzgado de Garantía de San Carlos, toda vez que a juicio de la Fiscalía, fue en esa comuna donde se había ejecutado el primero de los delitos.
Sin embargo, y a medida que avanzó la investigación, aumentó la cantidad de imputados, registrándose detención; además se abrió una nueva arista al interior del Ministerio de Energía, ya que uno de sus funcionarios habría sido parte del plan de sobornos ideado por Lefort y sus cercanos.
Por esta razón, la Fiscalía Regional de Ñuble, a la que se le asignó la causa a nivel nacional, decidió agrupar las causas de Santiago y Chillán y tramitarlas en el Séptimo Juzgado de Garantía, ya que en definitiva, allí estaría el principio de ejecución.
Una segunda audiencia
Esta intención de extender el plazo de investigación por parte de la Fiscalía generó diversas reacciones en las defensas de los imputados chillanejos.
Mientras que para el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de el exadministrador Vallejos, la futura diligencia le deja en una posición casi neutral, para Giovanni Gotelli, quien representa al exjuez de Pemuco, se trata de una situación ingrata e incómoda para su representado.
Así, Manríquez adelanta que “según sean las diligencias que se digan pendientes, la naturaleza y pertinencia de las mismas, vamos a evaluar la petición de la Fiscalía, en la audiencia respectiva”. Además, dice que no le sorprende que una vez más se pretenda extender el plazo, ya que “estos casos son así”.
Para el abogado Gotelli hay dos puntos que aclarar al respecto.
Y uno de ellos, es que la Fiscalía pidió una audiencia para discutir un nuevo plazo de investigación, pero el tribunal le dijo que eso se discutiría en una audiencia previamente fijada para el próximo 20 de diciembre.
“Eso quiere decir que alguien ya pidió una audiencia en el Séptimo de Santiago respecto a esta causa, antes de que la Fiscalía quisiera pedir ampliar el plazo. Ahora, quién pidió esa primera audiencia y con qué objetivo, es algo que ignoro. Entonces, tendremos que llegar a ese día para saber de qué se trata”, dice.
Y si para el defensor es un misterio el contenido de esa primera audiencia, es porque “como se trata de una causa reservada, pese a que he pedido que se me deje acceder a ella para conocer lo que nos es atingente, aún no se la sacan, por lo tanto no la conozco”, explica.
De los 21 imputados que tiene la causa en Iquique, Santiago, Cañete y Chillán, solo hay tres que están con arresto domiciliario total: Lefort, Campos y Vallejos, quienes además estuvieron en prisión preventiva por más de un año, desde que fueron detenidos por la PDI el pasado 6 de mayo de 2020, luego que Campos recibiera un soborno por $30 millones.
