Señor Director:
A propósito de la norma aprobada la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional que plantea la nacionalización de las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos como el cobre y el litio para que el Estado planifique cuánto producir. Sus principales impulsores manifiestan que esta medida permitiría controlar los precios de estos bienes, en particular, aumentar los precios reduciendo la producción y así obtener mayores ingresos para el Estado. Pero ¿no eran ellos mismos quienes más se exaltaban e indignaban en cuanto una empresa privada realizara dichas prácticas? ¿acaso entonces depende de quién lo lleve a cabo y se trata de mera conveniencia? ¿aquello entonces no demuestra una incoherencia profunda entre su relato y su actuar?
En cualquier caso, los señores y señoras convencionales debieran recordar el fracaso que tuvo la política industrial y la planificación de la economía cada vez que se aplicó. No es por un tema de voluntad, sino de realidad económica. Las consecuencias de la medida ya han sido advertidas por varios expertos, las cuales van desde una pérdida de credibilidad y certeza jurídica y una reducción en la inversión hasta el no fomentar el desarrollo del país y quedarnos en el subdesarrollo. El debilitamiento del marco jurídico y la decisión de la revisión de tratados y salida de tribunales internacionales impacta directamente sobre la inversión y afecta el proceso de integración y globalización, además de que se encuentra al límite de las capacidades de la Convención.
Otro punto importante es que la nacionalización contempla indemnizar a las empresas con un monto que solo cubre los costos y no refleja el valor de mercado de esta, que es lo sensato en cualquier caso.
Solo nos queda ver qué pasa con la votación en particular y esperar que semejante norma no sea aprobada en el pleno.
Nicolás Durán
Fundación para el Progreso
