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Multan en $480 millones a empresa de áridos en Bulnes

La multa más alta de los últimos años fue la que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) cursó contra la Sociedad Productora de Áridos, Servicios y Transporte Limitada, titular del proyecto “Extracción Mecanizada de Áridos desde el Cauce del Río Diguillín – Sector Los Tilos Áridos Sopramat”, ubicado en el interior del lote 8 de la parcelación Los Tilos, en la comuna de Bulnes, Región de Ñuble.

En total, la sanción corresponde a 673 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más $487 millones, en el contexto de sanciones por extracción ilegal de áridos. Así lo confirmó en exclusiva a La Discusión el encargado regional de la Superintendencia de Medioambiente, Cristian Lineros.

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Conforme a los detalles del proceso sancionatorio confeccionado por la jefatura regional de la SMA, este proyecto buscaba la extracción de áridos desde dos islas al interior del cauce del río Diguillín por un volumen total de 129.278 metros cuadrados, en cada temporada (siete meses de operación al año), durante sus 10 años de vida útil.

Tras diversas denuncias presentadas en la Dirección General de Aguas (DGA) de Ñuble y la Comunidad de Aguas El Carmen, “se realizaron distintas inspecciones ambientales en coordinación con personal de la DGA, Seremi de Salud, Carabineros y Municipio, con el fin de generar una estrategia de trabajo y control de los hechos denunciados. Conforme avanzaba el procedimiento, también se mejoraron los medios de pruebas mediante uso de drones y análisis temporales, con el fin de generar una línea de trabajo tanto administrativa como judicial”, explicó el encargado regional.

Tras los análisis jurídicos del caso, y teniendo en cuenta la defensa de la empresa, se llegó a la sanción final respecto a los cuatro hechos infraccionales que se imputan.

El primero, correspondiente a que no se han cumplido las exigencias para las faenas de extracción, considerando que el área de extracción actual se encuentra en la columna de agua del río Diguillín, y no fuera de este; que hay una excavadora en el lecho del cauce, y no en las islas en su interior; que hay zonas de extracción que se materializan bajo la cota de escurrimiento; y por la creación de un pretil de 1,5 metros dentro del cauce, de 240 metros de largo.

Dentro de las sanciones por estos delitos, se destaca que el cargo más complejo es el de elusión, es decir, actuar sin permiso ambiental, infracción, que conforme a la SMA, es común en casos de áridos ilegales. “Es importante tener presente que ningún sujeto puede desarrollar un proyecto sin contar con la respectiva resolución de calificación ambiental cuando esta aplica. Por ello, en este caso, junto con sancionar, exigimos el ingreso obligatorio a evaluación ambiental de la parte del proyecto que no contaba con autorización, teniendo presente además que no puede seguir operando en aquello que no ha sido evaluado”, explica el Superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra.

Unificar criterios en las comunas

Enterado de la sanción, el alcalde de Bulnes, Guillermo Yaber, celebró el resultado del proceso y advirtió que precisamente acababan de negar permisos a otra empresa que buscaba realizar excavaciones en un pozo, “pero sin embargo, pidieron las autorizaciones cuando ya habían hecho la excavación”, comentó.

Agregó que esta multa puede sentar un precedente en la región, considerando que “por muchos años, la agrupación de canalistas han presentado denuncias en la DGA y a diferentes estamentos estatales, sin que -según ellos- nunca habían obtenido resultados de algún tipo, pese a que estas acciones pueden dejar sin riego a más de mil agricultores de la zona”, añadió.

La municipalidad multó en $100 millones a la empresa que hizo el pozo sin permisos previos. De todas maneras, el alcalde Yaber advirtió que “estos delitos medioambientales afectan a muchas comunas al mismo tiempo, por lo que espero que cada municipio pueda actualizar sus ordenanzas en materia de extracción de áridos y así tener las mismas reglas y perseguir esto de manera conjunta, de lo contrario, si no los autorizan en una, piden permiso en la otra”.

 

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Felipe Ahumada

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