Señor Director:
La reciente visita del Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente puso en evidencia que nuestro país está al debe en ambos temas, lo que derivará en un informe internacional que dará cuenta de esto el próximo año.
Si bien el enfoque de derechos humanos en el abordaje del medio ambiente no es nuevo desde la teoría, como lo señala en su preámbulo el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, sí es un tema pendiente en las políticas públicas nacionales.
Esto implica que el Legislador y el Ejecutivo están llamados a incorporar esta visión en las temáticas ambientales, con especial consideración de los grupos vulnerables afectados.
Las palabras del Relator adquieren relevancia dado el actual proceso constitucional. Este debe asegurar un texto que vaya más allá de lo dispuesto por el Artículo 19 Numeral 8 de la Constitución de 1980 que consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esto no será suficiente para encarar la crisis ambiental que ya está instalada, como lo confirma la información científica emanada de diversos órganos internacionales.
La vocación de un nuevo texto constitucional debe estar a la altura de la complejidad de las amenazas actuales y futuras en materia ambiental; esta debe pasar por el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos e incluir un enfoque de derechos humanos que aún está pendiente.
Andrea Lucas Garín
Directora Instituto de Investigación en Derecho UA
