La Fiscalía de Turquía ha establecido una unidad especial para investigar posibles negligencias en los edificios derrumbados por el devastador terremoto del lunes y se han dictado ya más de 110 órdenes de detención, informó el vicepresidente turco, Fuat Oktay.
Según los medios locales, la policía turca ya detuvo el sábado a al menos 14 personas tras el derrumbe de edificios en las provincias de Gaziantep y Sanliurfa. Entre los detenidos se incluían constructores.
Al menos 6.000 edificios se derrumbaron en Turquía y la cifra de muertos asciende a más de 24.600, lo que genera dudas sobre si la tragedia podría haber sido menor en caso de aplicarse criterios de construcción más estrictos.
Muchos ciudadanos también se preguntan si el gobierno del presidente, Recep Tayyip Erdogan, podría haber hecho más para salvar vidas. Con unas elecciones presidenciales en mayo, la gestión del desastre y las explicaciones sobre lo sucedido pueden determinar la suerte de Erdogan en las urnas.
El Ministerio de Justicia señaló que era crucial reunir pruebas e imponer medidas cautelares a los sospechosos para evitar que puedan huir del país.
El pasado viernes la policía detuvo en un aeropuerto de Estambul -cuando intentaba huir a Montenegro- a un constructor turco de un exclusivo edificio residencial que se derrumbó con más de cien personas en su interior en la provincia de Hatay.
“Renaissance Residence” era uno de los edificios más exclusivos de Antioquia -capital de Hatay-, se construyó en 2013 y se publicitó con anuncios que definían sus apartamentos como “una imagen del paraíso”. También se aseguraba que se habían levantado siguiendo los criterios más estrictos de calidad y seguridad.
Por otra parte, en otra investigación los fiscales han ordenado detener a 33 personas en Diyarbakir por negligencia al eliminar pilares para ganar espacio en viviendas, lo que afectó a su resistencia estructural.
Estas detenciones son los primeros pasos del Estado para depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la baja calidad de las viviendas, algo que no pocos achacan a la corrupción y a los escasos controles.
