Durante los últimos 40 años de crecimiento económico sostenido, hemos aprendido que los buenos resultados macroeconómicos del país no son extensibles a una buena porción del territorio nacional. Las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Maule, Biobío, Ñuble y La Araucanía han experimentado en carne propia la experiencia de mirar desde la pobreza como se drena la riqueza de su territorio.
Para revertir esta realidad el diagnóstico del regulador ha sido consistente en el tiempo: “se requiere formular e implementar políticas de fomento productivo para las empresas de menor tamaño”. Para ello, la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía ha colocado el foco de su estrategia en el aumento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Se busca que puedan innovar, crecer, e internacionalizarse. Las líneas estratégicas se orientan en el mercado, la gestión y el financiamiento de las empresas.
Sin embargo, basta mirar el resultado de la Quinta Encuesta Longitudinal de Empresas que el propio Ministerio de Economía publicó en marzo de 2019 (hace casi 3 años) para constatar que el sector pyme no ha respondido a las expectativas y los recursos que coloca el regulador en su estrategia de estímulo al desarrollo de las MiPymes de los territorios más rezagados del país. Es decir, los datos agregados muestran que los factores que afectan el crecimiento de las empresas más recurrentes son la alta competencia en el mercado y la demanda limitada. Un alto número de empresas concentra sus ventas en pocos clientes. El 83,2% de las empresas pymes no exporta, mientras que la sequía exportadora afecta al 98,7% de las microempresas.
Si el diagnóstico es acertado y la política de fomento pareciera estar correctamente focalizada, ¿por qué se observa una discreta eficacia de las intervenciones para alcanzar el objetivo que persigue el regulador?
En mi opinión, porque al momento de diseñar la política el regulador omite que la mayoría de las empresas participan con reglas económicas de interdependencia. Es decir, el resultado del fomento productivo para una empresa o un grupo de ellas no depende solo del esfuerzo que dichas empresas realicen y/o los subsidios que reciba, también depende de lo que realizan el resto de las empresas que participan o tienen la capacidad de participar en disputarles el mercado. El comportamiento refractario a la política de fomento puede tener su origen en el imperio de la ley del más fuerte.
Para enfrentar esta realidad, el regulador debe usar la inteligencia. El fomento productivo debe poner el foco en la cadena de valor de la industria y no en un eslabón de dicha cadena. Por mucho que se fortalezca un eslabón, si el contrato social que lo liga a la cadena de valor es precario, la cadena se rompe (la política de fomento falla).
Si la política de fomento se basa en un “contrato social colaborativo –compatible en incentivos– para el encadenamiento productivo”, las estrategias mercado/gestión/financiamiento tendrán una contrapartida nítida en los indicadores de desarrollo social y económico del territorio. En consecuencia, las empresas locales estarán en condiciones de generar mayores ingresos, mejores empleos y más oportunidades para las zonas del territorio bajo su influencia.
