Después del incremento que registra el precio de las bencinas los primeros 6 meses de 2022 y que lo sitúan en un rango histórico, Chile se convierte en el segundo país del mundo que paga costos más altos por este combustible en proporción al ingreso per cápita, sólo superado por Turquía. En Chillán, por ejemplo, como nunca antes el precio de la gasolina de 93 octanos llegó a 1.115 pesos. Si cruzáramos ese dato con el ingreso promedio local, el litro de bencina costaría cerca del 0,3% del ingreso per cápita mensual.
El futuro, de acuerdo a los analistas, es bastante oscuro. Un sondeo realizado por Reuters a 34 economistas pronosticó que el crudo promediaría US$ 106,82 por barril en 2022, la estimación más alta hasta ahora, mientras que para 2023 no se estima una mejora, mientras no aumente la capacidad de producción mundial y persista el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania.
Sin embargo, para nuestro país no son los factores internacionales el mayor problema, sino el impuesto específico que corresponde al 46% del valor final de la venta de gasolina, y a un 23% del valor final del petróleo diésel.
Este gravamen nació durante la dictadura de Pinochet con el objetivo de aumentar por un tiempo la recaudación para afrontar el daño generado por la destrucción de los caminos luego del terremoto que afectó al país, en 1985. Sin embargo, lo transitorio se convirtió en permanente y en la actualidad las grandes inversiones en infraestructura vial son concesionadas.
Pero ¿cuánto es lo que recauda el Estado? El monto bordea los 2.000 millones de dólares, un monto nada despreciable del cual aproximadamente US$600 millones son utilizados en caminos y rutas menores; es decir, el Estado usa el resto para otros fines, completamente distintos a su sentido original y se niega a eliminarlo pese a la contundente evidencia de que no solo es la población más rica la afectada, sino también la clase media y baja, considerando el efecto dominó que producen las alzas de las bencinas.
El impuesto a las bencinas representa del orden del 5,5% de los ingresos tributarios del Fisco, por tanto ha sido gravitante para la billetera fiscal los últimos 30 años, y parece que lo seguirá siendo, pues en su último Informe de Finanzas Públicas, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda proyectó ingresos por US$ 2.130 millones por el impuesto específico a los combustibles este año, lo que implica un aumento de 5,2% en comparación a 2021.
Un análisis realista, entonces, sugiere estudiar alternativas que no signifiquen su eliminación como han planteado parlamentarios de la derecha, pero sí su rebaja.
Por otra parte, si se quiere incentivar una mayor conciencia ambiental vía impuestos, lo correcto también sería incluir a otros combustibles. Los impuestos verdes son imprescindibles para aquellos países que aspiran a tener un compromiso con la sustentabilidad, pero uno de sus fundamentos es que lo recaudado se destine a políticas medioambientales y al desarrollo de energías limpias. Que no se nos olvide: el petróleo es un recurso que no es renovable, no es chileno ni es sustentable.
