En respuesta a la creciente crisis de seguridad desencadenada por casos de secuestros extorsivos y ataques, el Gobierno de Chile ha anunciado un plan para deportar a más de 2.000 migrantes en un período de poco más de un año. La medida se ha tomado después del lanzamiento de una granada hacia una funcionaria de Carabineros, agravando la situación y generando preocupación en la opinión pública.
Según La Tercera, el Ejecutivo está elaborando un plan que permitiría la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses. En dos reuniones celebradas en el Palacio de La Moneda, se enfatizó la necesidad de materializar las expulsiones, pero también se destacó la importancia de no criminalizar a todos los migrantes. En este sentido, se ha decidido diseñar un “perfil de riesgo” que se centrará en expulsar a aquellos con antecedentes, así como a quienes se nieguen a participar en el proceso de empadronamiento biométrico, especialmente hombres de entre 18 y 40 años.
Aunque desde la oposición se ha insistido en expulsar a 12.000 migrantes que ya han recibido órdenes de abandonar el país, el Gobierno ha afirmado que esta cifra no es factible. No obstante, se ha establecido la meta de deportar a 1.000 personas antes de que termine el año, lo que implica que en las próximas semanas al menos 262 personas deberían abandonar el territorio nacional. Hasta la fecha, se han deportado 738 personas, 239 por orden administrativa y 499 por vía judicial.
Para el próximo año, se proyecta un presupuesto de 7.200 millones de pesos destinados al Servicio de Migraciones para ejecutar expulsiones, lo que podría resultar en la salida de aproximadamente 2.400 migrantes adicionales. En total, se espera que se materialicen al menos 2.600 expulsiones en 14 meses, aunque fuentes gubernamentales sugieren que difícilmente se superará la cifra de 3.000 personas expulsadas.
En un esfuerzo por agilizar el proceso, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, planea viajar a Caracas, Venezuela, con el objetivo de sostener reuniones con funcionarios venezolanos. Se espera que durante la próxima semana se logre un acuerdo que permita a la Fuerza Aérea de Chile realizar viajes al territorio venezolano para concretar expulsiones, además de buscar fórmulas para acelerar la identificación de personas.
