Cuando no es en verano, es en invierno, y si no fue el fuego fue el agua. Esa es la dura consigna que ha marcado a Ñuble (dentro de otras regiones de la zona centro sur de país) por los desastres naturales que dejaron miles de casas destruidas, infraestructura pública afectada, a miles de vecinos con su estándar de vida deteriorado – o cruzados de brazos- y a un conjunto de autoridades comunales y de Gobierno cumpliendo con exigentes agendas para poder bajar esta fiebre en la región.
Aunque las autoridades locales aseguran que, en materia de entrega de viviendas de emergencia y definitivas a las familias que perdieron sus casas en los incendios forestales del mes de febrero, ya se completó ese proceso, el costo que la reconstrucción le significará al Gobierno para las regiones afectadas es de aproximadamente US$229 millones.
Y en lo que respecta al proceso que se viene por las inundaciones, relativo a la recuperación de viviendas, conectividad y otro tipo de reparaciones, para paliar los daños dejados por el sistema frontal del mes de junio, todavía siquiera ha sido catastrado en un 100%, pese a que -una vez más- los equipos de las seremías encargadas de estas tareas se han desplegado por casi todo el territorio.
En materia de cifras, los damnificados por las lluvias llegaron a 1.088, siendo las comunas de Ñiquén, San Carlos, San Nicolás y Coihueco las más afectadas, tras la ciudad de Chillán, donde hubo 205 personas que acusaron daños en sus viviendas.
Para el 4 de julio pasado, informes del Senapred cuantificaban en 2.586 las personas que se encontraba aisladas por cortes de caminos o puentes, 129 personas albergadas (San Nicolás con 55 es la más golpeada), 896 viviendas con daños (de ellas, 279 en calidad de inhabitables), 71 destruidas, y sobre 1.092 que no han sido posibles aún de evaluar.
Lo anterior, evidentemente, no considera los casos de viviendas no regularizadas o instaladas en loteos irregulares.
El mismo informe consigna que al 4 de julio, si bien ya se había logrado restablecer los servicios sanitarios a los 3.256 clientes que se vieron afectados en las 21 comunas, sí se registraron colapsos de fosas sépticas en 1.630 viviendas.
En materia de conectividad vial, aún resta por reestablecer seis rutas que se encuentran inhabilitadas por las inundaciones, socavones, aluviones o remociones en masa. Otras 28 rutas que presentaron problemas ya se han logrado habilitar por parte del MOP.
Consultado al respecto, el seremi de Obras Públicas de Ñuble, Paulo de la Fuente, explica que “en el caso de Vialidad, hemos modificado la programación anual normal de reperfilado de caminos, reconfección de terraplenes, aplicación de material de recebo regular en caminos o reconstrucción de puentes, para atender las emergencias, reasignando insumos a esos sectores”.
Respecto al trabajo realizado en el verano, añade que “en los incendios forestales, estimamos $50 millones para atender las emergencias, lo que nos permitió reconstruir puentes destruidos y caminos afectados por el paso de camiones y maquinaria pesada”.
Sin embargo, explica que para poder concretar la habilitación pendiente de les seis rutas restantes “fue necesario reconfigurar la programación semanal de sus funcionarios”.
Por otro lado, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la mayor afectación se produce a los sistemas de distribución de agua potable rural, los Sistemas Sanitarios Rurales (SSR), “y en esos casos debemos actuar con premura”, dice.
Para los incendios forestales fue necesario invertir cerca de mil millones para reconstruir cinco Servicios Sanitarios Rurales, que precisamente hoy están en esas obras en ejecución, mediante recursos aportados por el Ministerio del Interior.
Ahora, se espera realizar el mismo proceso para reconstruir otros SSR afectados, “y nuestros equipos de profesionales se encuentran cuantificando la inversión. A eso debemos sumar obras de emergencia en cauces de ríos, que claramente nos trastocan la programación mensual que tenemos, pero entendemos también que debemos primero dar respuesta a la emergencia”, concluye.
“El dolor de cabeza”
A diferencia de los trabajos realizados y a realizar por el MOP, tanto la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como las propias municipales se han encontrado con un problema gigantesco -pero no sorpresivo- para poder trabajar con normalidad en el proceso de reconstrucción de viviendas o en las entregas de casas de emergencia: Los loteos irregulares y aquellas casas asentadas ilegalmente en predios correspondientes a bienes de uso público.
“Nuestros equipos de Minvu y Serviu Ñuble continúan trabajando estrechamente con los municipios para aumentar el número de subsidios, en esta cruzada también se ha sumado Bienes Nacionales, Seremi de Salud y Seremi de Justicia, para poder sanear terrenos no regularizados y así permitir a las familias optar a sus subsidios definitivos, que es la Misión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, explica el seremi del Minvu, Ñuble, Antonio Marchant.
En la última emergencia producto de las inundaciones, se aplicó por parte de Ministerio de Desarrollo Social y Minvu-Serviu hasta el momento un total de 1.043 Fichas FIBEs, “y con este universo se inicia el trabajo en terreno de evaluación de daños por parte de los técnicos de vivienda”, agrega el seremi.
En total hasta el 7 de julio, se han evaluado 288 casas en las comunas de Chillán, Coihueco, Ñiquén, San Carlos, San Fabián, San Nicolás.
De acuerdo a lo señalado por el director de Serviu, Roberto Grandón, hay lugares a los que aún ha sido difícil el acceso por deterioro de las rutas. “Pero nuestros equipos continúan en terreno”, asegura.
El problema de los loteos irregulares también fue abordado, como uno de los de difícil solución por parte de la directora regional del Senapred, Gilda Grandón.
“Sabemos que las solicitudes no son todas iguales y que las familias afectadas no están tampoco todas en una misma situación. Es aquí que tenemos que ser claros y ratificar que no podemos nosotros instalar una vivienda en un sitio que no sea de propiedad de las personas damnificadas o que al menos se trate de terrenos cedidos mediante la autorización del propietario del predio para instalar una vivienda de emergencia”, explica.
“Cuando nos encontramos que hay una ocupación irregular tenemos esa dificultad, pero el dolor de cabeza es más bien para la autoridad local ya que son ellos quienes tienen que trabajar en buscar esa solución”, agrega.
Lo anterior es abordado por la directora en alusión a las inundaciones que afectaron a cerca de 55 personas en la ribera del río Ñuble, en la comuna de San Nicolás.
Tal como lo había advertido el alcalde Víctor Hugo Rice, ese campamento consistía en un conjunto de casas fabricadas, no solo de manera irregular, por un grupo de personas de las que en su mayoría son extranjeros sin su situación migratoria en regla, sino que –víctimas de una presunta estafa- compraron en cerca de $1.200.000 sitios en un predio que pertenece a Bienes Nacionales, por lo tanto al fisco.
Hoy todos ellos siguen albergados de manera transitoria en el internado del Liceo de San Nicolás.
“Las viviendas de emergencia no tienen el mismo estándar que las viviendas definitivas, por lo tanto sí se les pueden asignar a estas personas que no se encuentran con su situación de migración regularizado, lo que no podemos hacer es ubicárselas en terrenos de uso público, no podríamos, estaríamos cometiendo un ilícito”, explica, y añade que “en definitiva, a las personas se les va a otorgar esta ayuda, pero si no lo hemos podido hacer de una forma más rápida es por esa complejidad”.
Por otro lado, no ha habido una dificultad para el Senapred, en cuanto a lo metodológico, para recoger la información de las emergencias y los damnificados, sino más bien los problemas derivan de la magnitud de los desastres que afectaron a la región, porque ambas situaciones (incendios e inundaciones) han sido muy grandes y han afectado a territorios muy amplios.
“Tuvimos que trabajar con 11 municipalidades por el tema de los incendios; pero en esta emergencia derivada de las crecidas de los ríos, cauces y esteros que afectaron a los principales de la región, vimos que la afectación llegó a las 21 comunas, por lo tanto sí es una emergencia más compleja en ese sentido, ya que hay menos viviendas destruidas pero hay harta población involucrada”, describe.
Por lo demás, la directora reflexiona que si para los incendios se cuenta con equipos que trabajan en su control y extinción, los desbordes no son en lo absoluto, fenómenos controlables, “son apenas alertables, pero no es algo que podamos controlar y por lo demás tienen muchas más aristas que la evacuación, la alerta y el rescate”.
De todas maneras, en el Senapred están optimistas respecto a las fechas autoimpuestas para cumplir con el objetivo de la reconstrucción.
“En cuanto a las rehabilitaciones, por supuesto que es posible anticipar que para lo que queda de este año se dará respuesta a todas las solicitudes municipales, muchas soluciones ya están andando, y en lo que respecta a la entrega de viviendas de emergencia, se proyecta que en esta ocasión se deben entregar mucho menos que las que hubo que entregar durante el verano, lo que quizás no se ha visto porque la época del año en que estamos, a veces, dificulta la ejecución de los trabajos”, concluye Gilda Grandón.
Atendiendo casos futuros
Conforme a Senapred, en Ñuble hubo algunos casos de personas que tuvieron afectaciones por el sistema del frente lluvioso estando ya en viviendas de emergencia entregadas por causa de los incendios, “pero son daños diversos, es decir, no hay casos de personas que hayan perdido toda su vivienda por causa de un incendio y luego haya visto su casa inhabitable por causa de las lluvias. Al menos, hasta la fecha no tenemos registros de eso”, aclara Gilda Grandón.
Es en este punto que se destaca la utilización de diversos protocolos de ayuda, considerando que ya no se puede echar mano a ciertos fondos, porque, sencillamente, se agotaron.
El director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Roberto Grandón, explica que “una vez ue se genera un evento, es el Ministerio del Desarrollo Social quien declara el evento y comienza la aplicación de las fichas básicas de daños y emergencias (FIBE), con esa información. Al igual que para el caso de los incendios y otro tipo de catástrofes, comienza un trabajo de coordinación con los municipios para hacer el levantamiento de nuestra ficha en la vivienda afectada”, aclara.
Así se operó tras los incendios y a través de las duplas técnico sociales del Serviu, se logró verificar el tipo de daños para ver después si las familias eran hábiles de postular a un subsidio.
“En este caso, el ejercicio es el mismo, contamos con 1.043 fichas FIBE en el sistema y junto a los equipos municipales nos comenzamos a desplegar en las distintas comunas, pero el problema es que hay algunas que están muy damnificadas y no se puede acceder con facilidad, entonces se determina el tipo de ayudas y que sean acordes al nivel de daños”, comenta el seremi.
En este caso, la tarjeta utilizada es la del banco de materiales, del programa de Protección de Patrimonio Familiar, que tiene la vigencia de un año, permite comprar materiales de construcción en ferreterías que tienen convenio con el Servicio de Vivienda y Urbanización.
“Las primeras familias de los incendios fueron beneficiados con el sistema de subsidio rural, que obedece a una asignación directa regional, que en este caso fueron 30, pero los daños son muchos más, hubo mucho más viviendas afectadas por lo que ahora les estamos entregando este subsidio del banco de materiales, para que en el caso de las personas que tuvieron pérdidas totales, pueden reconstruir una vivienda nueva”, aclara.
Como colorario de lo anterior, el delegado presidencial, Gabriel Pradenas, apunta a que “todos estos puntos críticos han servido para ir retroalimentando posibles mejoras en casos futuros para atender emergencias con un estándar de mayor sofisticación”.
Pradenas advierte que aún hay distintas carteras activas como fondos de financiamiento “y con esto queremos apuntar a la entrega de viviendas definitivas, ya tenemos tres subsidios de asignación directa, pero sabemos que estos procesos serán más complejos y más largos, por lo que seguir trabajando con los alcaldes es clave para levantar información puntual, conocer las demandas de los vecinos, y dar respuesta a estos y muchos otros desafíos que estos desastres nos plantearon”.
El delegado insiste en que se este año se cumplirán los objetivos.
