Señor Director:
Mucho se ha discutido acerca de la desigualdad que lastra a la sociedad chilena. Los actuales gobernantes han hecho de esta debilidad una justificación para la formulación de las propuestas políticas y sociales más atrevidas y extremistas. Pero si se mira el asunto con atención y serenidad, es preciso reconocer que efectivamente nuestro país mantiene niveles de desigualdad incompatibles son el auténtico desarrollo, nadie podría negarlo; pero, a la vez, también es obligado conceder que en las últimas décadas esta distancia, paulatinamente, con el aporte de las sucesivas administraciones, se iba reduciendo.
Sin embargo, donde todavía el país arrastra una fuente dura y persistente de desigualdad es en las esferas superiores del Estado, es decir, donde tiene mayor injerencia la política. Es muy difícil, si no improbable, que las autoridades y sus equipos puedan tener algún nivel de cercanía o empatía con la realidad cotidiana de los ciudadanos, cuando gozan de ingresos que equivalen con comodidad a unas 20 o 25 veces lo que ganan en promedio las personas comunes y corrientes. Antes de subir impuestos, habría que impulsar una seria y sustantiva reducción del gasto fiscal prescindible, que en buena parte radica en el incremento de empleos públicos y las altas remuneraciones que se pagan en los ámbitos políticos del aparato estatal.
Esta es una brecha incisivamente odiosa; no tiene justificación en un país subdesarrollado como el nuestro, impide que los dirigentes conozcan y entiendan las angustias que afligen al pueblo, las personas, los trabajadores, las familias, y, ciertamente, los sitúa en una órbita lejana e irremediablemente desconectada de la vida real.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Abogado
