El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, ofició al Juzgado de Garantía de Chillán, que se va a reformalizar por el presunto delito de exacción ilegal al exalcalde de San Nicolás, Víctor Toro Leiva, quien en el ejercicio de sus funciones habría solicitado dinero, sin tener facultades legales para exigirlo, a beneficiarios de un proyecto de agua potable rural, que estaba financiado en su totalidad por la Subdere.
En las investigaciones iniciales, el fiscal explicó que entre los años 2018 y 2019 pidió a, al menos 170 vecinos del sector Los Aromos Sur, quienes fueron favorecidos por la extensión del sistema de agua potable rural, el pago de 50 mil pesos cada uno, como supuesto aporte para concretar el proyecto.
Conforme a lo explicado por el Ministerio Público, esta nueva audiencia -que aún debe agendar el Juzgado de Garantía- tiene por objeto realizar algunas precisiones a la formalización original, llevada a efecto en agosto de 2022.
Puntualmente, si en la formalización anterior se describió cómo se le solicitaba los dineros a las víctimas, ahora se agrega una forma más, lo que está acreditado.
El abogado querellante de una de las agrupaciones vecinales afectadas, Juan Pablo González, explicó que también espera que se explore, por parte de la Fiscalía de Chillán, la posibilidad de añadir cargos por el delito de robo con fuerza en las cosas.
“Lo que sucede es que a estas personas que se les pedía plata pero se negaron a pagar, se les mandó a personas a que les retiraran los arranques, lo que es un acto completamente arbitrario y fuera de todo marco legal”, apunta.
Más de 400 afectados
Conforme a los antecedentes fiscales al momento del inicio de la investigación, las obras ya habían sido ejecutadas en años anteriores y que para lo que restaba la Subdere transfirió $195 millones, monto que cubría por completo los trabajos. Por esto, no había justificación para pedir el dinero y tampoco la ley lo faculta para ello.
Por tal razón, se estima que los montos indebidamente cobrados superarían los $80 millones.
“Yo represento a don Gilberto Oporto Sanhueza, al comité de Agua Potable Rural de Dadinco, Puyamávida, Viña Santa Rosa y Lomas de Lucumávida Sur, respecto de las que acreditamos a 406 personas que realizaron un pago, de forma directa en la Tesorería Municipal o por mano al propio alcalde, por la suma total de 20 millones 700 mil pesos”, precisó el querellante.
El juzgado de Garantía de Chillán impuso al exalcalde de San Nicolás la medida cautelar de prohibición de salir del país y decretó un plazo de 120 días para la investigación.
En la Municipalidad de San Nicolás optaron por no referirse al tema. “Nosotros solo podemos decir que estamos colaborando con la justicia en todo lo que se nos ha requerido”, dijo el alcalde actual, Víctor Hugo Rice.
