El año 1925, cuando el Presidente Arturo Alessandri Palma convocó a un plebiscito para aprobar una nueva Constitución que cambiaría el régimen parlamentarista que estaba vigente desde la Revolución de 1891; en Ñuble no estaban dadas las condiciones para que la población votara.
En esa época existía el llamado ‘sufragio censitario’, que básicamente establecía una serie de limitaciones para que la comunidad acudiera a las urnas, de tal manera que solamente participaron los hombres mayores de 21 años y que supieran leer y escribir.
Casi 100 años después, el escenario es totalmente distinto. Al igual que en 1925, una crisis social y un profundo descontento generaron que la clase política debiera dar una salida democrática a las demandas, lo que dio pie, en 2019, al denominado “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”.
Un largo proceso que incluyó un plebiscito de entrada y elección de convencionales constituyentes, y que lamentablemente, no llegó a puerto, pues en el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre, un 62% de la población rechazó el texto redactado por la Convención Constitucional.
Cabe destacar que dicha consulta se realizó con voto obligatorio, lo que “sacó del anonimato” a varios millones de electores que en los últimos procesos se habían abstenido. A nivel nacional, sufragaron más de 13 millones de personas (85,8%), y en Ñuble, 387 mil (88,9%). Esto trajo como consecuencia que se desempolvara en el congreso el proyecto que reponía el voto obligatorio, y hoy ya haya sido despachado a ley. Es decir, de ahora en adelante, todos los procesos electorales -salvo las primarias-, serán con sufragio obligatorio, una de las importantes novedades que trajo este 2022 en materia política.
¿Qué ocurrió el 4/S?
Ciento cincuenta y cinco integrantes (que finalmente fueron ciento cincuenta y cuatro, luego del alejamiento de Rodrigo Rojas Vade, quien mintió durante su campaña respecto de su condición de salud, inventando un cáncer que nunca padeció); redactaron en el tiempo estipulado -un año- la propuesta de Nueva Constitución.
En Ñuble, cinco fueron los representantes elegidos: Martín Arrau (Chile Libre), Margarita Letelier (Chile Libre), César Uribe (Pueblo Constituyente), Carolina Sepúlveda (Independientes por una Nueva Constitución) y Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo).
Los resultados fueron sorpresivos para los partidos políticos tradicionales: los independientes, que pudieron conformar listas entre ellos, se quedaron con un número importante de escaños, y la derecha, que aspiraba a superar el tercio de la Constituyente para frenar los cambios estructurales, ni siquiera alcanzó esa representación.
La marcada tendencia de centro izquierda de la Convención, sumado a la elección de constituyentes de los pueblos originarios, marcó el derrotero del trabajo posterior. La representante del pueblo mapuche, Elisa Loncon, fue elegida como la primera presidenta del organismo, junto a Jaime Bassa, como vicepresidente.
En un tiempo récord de tres meses, lograron aprobar sus reglamentos internos y conformar las siete comisiones (Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral; Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía; Forma de Estado, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal; Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico; Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional; y Sistemas de Conocimiento, Ciencia y Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio).
Paralelamente, se determinó una semana territorial al mes, para que los convencionales tuvieran acercamiento con las comunidades, y tanto las comisiones como el pleno de la Convención sesionaron en regiones.
Sin embargo, las polémicas no estuvieron ajenas al proceso.
Junto con el escándalo de Rojas Vade, la Convención debió enfrentar la desintegración de la Lista del Pueblo; el “atrincheramiento”, tanto de un grupo de izquierda más radical, como de la derecha más dura; la constante difusión de “fake news” o noticias falsas, y la poca colaboración del gobierno de Sebastián Piñera en un inicio, que incluso, mantuvo en vilo el presupuesto para el órgano.
Ya con Gabriel Boric en la Presidencia, las cosas no mejoraron. La aprobación de polémicas normas relativas a la plurinacionalidad, el aborto o el sistema político, entre otras, no lograron convencer a los electores, quienes finalmente rechazaron el trabajo de la primera Convención elegida democráticamente, de manera paritaria y con real participación de los pueblos originarios.
No obstante, pese a la derrota en las urnas de la propuesta, sin duda constituyó un hito que se suma a una historia Constitucional que si bien en un principio fue protagonizada por unos pocos, en algún momento, incluyó a todas y todos.
Nueva oportunidad
Con un oficialismo “en schock” luego del resultado del plebiscito, y una oposición que rápidamente se adueñó del resultado, la pregunta inmediata fue ¿Qué sigue?
Si bien sectores de ultra derecha salieron a dar por finalizado el proceso Constituyente, desde la mayoría del espectro político hubo consenso en que había que dar continuidad al proceso.
Después de más de tres meses de intensas negociaciones, que a ratos parecían no avanzar, finalmente el pasado 12 de diciembre la mayoría de los partidos con representación en el parlamento firmó el “Acuerdo por Chile”.
En la sede del Congreso en Santiago, oficialismo y oposición pudieron ponerse de acuerdo con respecto al órgano que se encargará de redactar la nueva Cartamagna, el principal nudo de las tratativas.
La nueva ley fundamental, cuya reforma habilitante se discute en estos momentos en el congreso y debe estar despachada los primeros días de enero; será escrita por un órgano denominado Consejo Constitucional, integrado por 50 personas electas por la ciudadanía de manera paritaria, con las mismas reglas que el Senado. En tanto, las declaraciones de candidaturas correspondientes a pueblos indígenas serán uninominales y formarán una única circunscripción nacional de pueblos indígenas. Existirá un padrón especial indígena que contendrá la nómina de ciudadanos de pueblos originarios. Se elegirán de manera proporcional a los votos obtenidos.
Habrá un Comité de Expertos designados por el Congreso: 12 seleccionados por la Cámara de Diputadas y Diputados y los otros 12 por la Cámara Alta.
Así, los consejeros constituyentes elegidos en las urnas trabajarían sobre la base de un anteproyecto elaborado por los expertos, que no sería vinculante para los primeros.
También se contempla un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 personas, que será encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas aprobadas por la comisión o por el plenario del consejo Constitucional, o de la Comisión de Expertos.
La elección de los miembros del Consejo Constitucional se realizaría el 7 de mayo de 2023, y se redujo a cien días el plazo para la determinación de los padrones, por lo que estos se cerrarían el 27 de enero.
Asimismo, se ratificó que el plebiscito para pronunciarse sobre la propuesta de nueva Constitución se realizará el 17 de diciembre de 2023.
También se limitó el gasto electoral para los candidatos e integrantes del Consejo Constitucional, incluidos los de pueblos originarios, a 1/3 del total del límite para candidatos a senador.
Se aprobaron causales de cesación en el cargo, requisitos e inhabilidades, y que esta ley sea autoejecutable, es decir, que una vez aprobada y publicada en el Diario Oficial, se convoque a elección de los miembros del Consejo Constitucional.
