Con eventuales acusaciones por notable abandono de deberes de trasfondo, fue realizada una reunión extraordinaria de Concejo Municipal, planificada por los concejales de la ciudad con el fin de forzar nuevamente al alcalde Sergio Zarzar para que la autoridad termine de manera anticipada el contrato con la empresa de áreas verdes OHL.
La sesión forma parte de una suerte de estrategia judicial cuyo objetivo es que la entidad edilicia rescinda el vínculo con la concesionaria, basada en informes oficiales del contralor municipal, Wenceslao Vásquez, y del asesor paisajista de Aseo y Ornato, Feliciano Peralta, los cuales calificaron de manera negativa el servicio que se entrega a la ciudad, a lo que suman evaluaciones críticas de ediles y del propio alcalde.
Según plantean cercanos al caso, si la autoridad comunal no termina el trato, se activaría un proceso por notable abandono de deberes contra Zarzar de parte de al menos seis ediles, que son los mismos que tomaron la vía judicial en el caso led, al querellarse contra quienes resulten responsables de los problemas ocurridos en ese proyecto.
El concejal Jorge Vaccaro Collao (RN), manifestó que “en las actuales circunstancias, cualquier persona de la ciudad podría acusar a nosotros los concejales por notable abandono de deberes, pues la ciudad está pagando $120 millones al mes por un servicio que no se está entregando como corresponde”.
Durante la sesión, el alcalde Sergio Zarzar planteó que la estrategia municipal consiste en esperar la decisión que adopte la Contraloría respecto del caso, la cual está estudiando la licitación y las eventuales falencias que puedan existir. Tras ello se tomará la decisión que sea más adecuada. Además, informó que llamará al ente regional para que apure, en la medida de lo posible, el esperado informe.
No obstante, tanto Vaccaro como Víctor Sepúlveda (PC) sostuvieron que la Municipalidad de Chillán tiene todos los elementos de juicio para concluir de manera anticipada con este contrato, pues las bases de licitación establecen que la entidad edilicia puede hacerlo apenas se confirmen incumplimientos, los cuales son evidentes según los informes citados.
Para Camilo Benavente (PPD), quien no forma parte del “grupo de los seis” que se hicieron parte de una querella por el caso led, “la municipalidad lo que ha estado haciendo es básicamente dilatar una decisión que debió haber tomado hace mucho tiempo”.
Los ediles sostienen además que el argumento municipal, de que no se puede terminar el contrato mientras Contraloría investiga el caso, no se sostiene, pues la municipalidad rescindió el vínculo con la empresa Itelecom, que iba a instalar las luces led, estando Fiscalía y aquel organismo detrás.
Responsabilidad municipal
Lo que parece evidente es que si el consistorio termina contrato con OHL, esta contraatacará, pues ya denunció públicamente falencias desde el gobierno comunal para cumplir con la concesión.
OHL planteó que “muchas de nuestras labores se encuentran condicionadas a la ejecución previa de otras acciones de responsabilidad de la municipalidad o de terceros respecto de los cuales OHL no tiene capacidad de control”.
En el caso de la falta de sistema de riego tecnificado(que presenta rezago), la empresa afirmó recientemente a través de una declaración pública que no había avanzado, porque a la fecha se encontraba pendiente de entrega por parte del municipio“la autorización para trabajar en la vía publica y realizar los traviesos; y la instalación de la acometida eléctrica para poner en funcionamiento la nueva bomba que OHL proporcionó gratuitamente para reemplazar la existente, que estaba dañada”.
Concejales advierten además que en este caso se debe realizar un sumario administrativo interno con el fin de revisar las actuaciones de personal municipal de varios departamentos que tuvieron relación con la preparación de las bases, la licitación y posterior ejecución del contrato, el que habría sufrido modificaciones fuera de norma, a lo que se suma carencia de fiscalización y multas que no se corresponden con los problemas detectados desde el principio de la concesión.
El concejal Víctor Sepúlveda, agregó que a la empresa “se le dieron tres meses de gracia para que se instalara, lo que no sucedió por ejemplo, con la empresa HMP a la que se cortó el contrato a pocos meses de comenzar a operar por motivos similares”.
