Un grupo de diputados ingresó un proyecto para modificar la Ley del Lobby aumentando la inhabilidad a cinco años para que secretarios de Estado no puedan ser miembros de altas directivas de empresas tras dejar sus cargos. Esto, tras la serie de encuentros que sostuvieron seis ministros del Gobierno con privados.
Además de alargar el plazo, el documento plantea aumentar las multas por incumplimiento de la ley de 50 a 500 UTM (32 millones). Las sanciones, según el proyecto, contemplan tanto al sector público como al mundo privado.
Esto implica, “adicionales a las multas, que van desde la inhabilidad para ejercer determinados cargos, la eliminación del registro de Lobbistas para quienes que se dedican a la actividad eventualmente incumplan la ley, y sanciones para personas naturales u jurídicas de inhabilitación para contratar con el Estado”.
La diputada independiente, Camila Musante, autora de la iniciativa, señaló que el proyecto viene “a poner fin a la puerta giratoria del poder al paso desde el sector público al sector privado sin ningún tipo de restricciones y que hoy día también lo vemos reflejado en la influencia del dinero en la política”.
En esa línea, instó al Ejecutivo a patrocinar la idea de legislación, afirmando que el proyecto va en línea del programa de Gobierno. Cabe destacar que la iniciativa cuenta con respaldo transversal desde Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas, Partido Socialista y del Frente Amplio.
En tanto, el diputado Andrés Celis (RN), planteó añadir dos indicaciones más a la iniciativa que denominó “Ley Zalaquett”. “Una que, yo sé que causa resquemor dentro de mi conglomerado, al menos una vez al año se pudiese sortear en este Parlamento, el poder abrir las cuentas corrientes de los parlamentarios“.
Junto a ello, planteó que se cree una figura de “agente encubierto” para que se realice una invitación de prueba a parlamentarios del Congreso para ver “si está dispuesto a transgredir la norma que queremos imponerle”.
La iniciativa se enmarca en otras acciones realizadas en el mundo político. Parlamentarios también impulsan el ingreso de un proyecto que contempla que toda reunión con lobbistas por parte de autoridades debe ser informada, sin importar su naturaleza.