Señor Director:
Mucho se ha escuchado respecto a que la Constitución debería incluir el derecho a la vivienda digna. Una aspiración justa que requiere de parámetros en los cuales tenemos que trabajar, tanto las instituciones del Estado como los gremios y profesionales, con la meta de acercarnos a un estándar que dé objetividad a este derecho.
Calidad de la construcción y sus correspondientes garantías, localización, equipamiento de barrio y conectividad, son algunos de los estándares para los cuales es posible establecer indicadores que definan una vivienda digna.
Algunos de estos ya existen en la legislación y normativa vigente , pero no es menor la tarea de vincular el conjunto de estos indicadores óptimos con el apropiado presupuesto que permita alcanzar el tan anhelado equilibrio entre cantidad y calidad con que deberá responder el Estado.
Si no es posible una bajada objetiva a leyes y reglamentos que permitan respuestas flexibles e innovadoras ante una ecuación dinámica, afectada por variaciones de costos, cambios demográficos, disponibilidad de suelo y factibilidad presupuestaria, puede ser, en algún momento, una aspiración cuantitativamente inalcanzable, generando una nueva frustración hacia las familias con menos recursos.
Fernando Marín Cruchaga Arquitecto
