El diputado republicano Juan Irarrázaval ha desatado una controversia al presentar ante la Contraloría General de la República un informe que alega la existencia de presuntas irregularidades en acuerdos celebrados entre 11 municipios chilenos y la Fundación Daya, una organización sin fines de lucro fundada por la diputada Ana María Gazmuri.
Según el documento presentado por el parlamentario del Partido Republicano, los municipios de Tocopilla, Arica, Puerto Natales, Peñalolén, Quilpué, Graneros, Calera de Tango, Quilicura, Copiapó, Chillán y Quinta Normal habrían transferido importantes recursos financieros a la Fundación Daya, que representa legalmente la diputada Gazmuri. Sin embargo, alega el diputado Irarrázaval, la fundación no ha proporcionado las adecuadas rendiciones de cuentas por los dineros transferidos.
El informe revela que parte de los fondos asignados a la fundación se habrían utilizado en gastos controvertidos, incluyendo la compra de chocolates, carne molida, paseos a Viña del Mar, helados, papel higiénico e incluso el pago del servicio de internet en la residencia de la diputada Gazmuri. Además, se señala que “familiares cercanos de la diputada, incluyendo su pareja y hermanos, ocupan cargos directivos en la fundación y que adeudan más de 171 millones de pesos en rendiciones de cuentas”.
El diputado Irarrázaval ha expresado su preocupación en torno a estas presuntas irregularidades, afirmando que “decenas de municipalidades confiaron en ellos, la financiaron con cientos de millones de pesos y no recibieron absolutamente nada a cambio. Sólo unas pocas recibieron rendiciones de esos recursos y son francamente ridículas”.
Por su parte, la diputada Gazmuri ha respondido a estas acusaciones descartando un mal uso de los fondos adjudicados a la Fundación Daya.
En su declaración pública, Gazmuri ha enfocado la responsabilidad en los municipios, argumentando que estos tenían deberes y obligaciones para concretar los proyectos en colaboración con la fundación. Según ella, la totalidad de los recursos se destinó a los objetivos del proyecto, y varios municipios lograron activar las acciones necesarias para llevar a cabo los tratamientos a los pacientes de sus comunas, incluyendo la atención de profesionales capacitados por la Fundación Daya y la distribución de fitofármacos en farmacias comunales. Además, asegura que las rendiciones de cuentas fueron entregadas a todos los municipios participantes en diciembre de 2016 y que solo se recibieron observaciones por parte de cuatro municipios, las cuales fueron subsanadas por la fundación.
Este caso ha desencadenado un debate público sobre la gestión de recursos en proyectos de colaboración entre entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en Chile, y se espera que la Contraloría General de la República realice una investigación exhaustiva para esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas por el diputado Irarrázaval.
