El fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló que 32 fundaciones de 11 regiones del país están siendo investigadas en el marco del denominado Caso Convenios. Las diligencias las realizan 10 fiscalías y, bajo ese punto, el líder del Ministerio Público descartó por el momento unificar el proceso.
La mesa de trabajo, que sirvió a modo de coordinación y cooperación entre las distintas fiscalías regionales del Ministerio Público, estableció que son miles de millones de pesos los que están involucrados en este traspaso de fondos de manera irregular, aunque la cifra total aún no se conoce porque se siguen investigando nuevos casos.
Si bien el fiscal Valencia quiso ser cauto en cuanto a los delitos que se pueden detectar en estos casos, aseguró que probablemente se esté en presencia de fraude al fisco y distintos tipos de malversaciones.
El fiscal nacional descartó, de momento, que el Caso Convenios sea una única investigación, y aseguró que cada fiscalía regional continuará con las indagaciones por separado, aunque continuarán con estas mesas de trabajo.
“Se trata de asuntos que tienen transferencias de fondos principalmente desde los gobiernos regionales, también de algunas seremías, en los cuales se han transferido fondos a fundaciones, casi en su totalidad de reciente formación, que se han creado bajo el amparo de la ley actualmente vigente que es menos exigente que la ley antigua, que además esas transferencias se hicieron bajo contratos que no establecían un conjunto de garantía o requisitos que generalmente se imponen para este tipo de transferencias a instituciones”, detalló Valencia.
Convenios en Los Lagos
Respecto a los 22 convenios visados por el Gobierno Regional de Los Lagos que fueron declarados ilegales por la Contraloría, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, aclaró que esa resolución “dice relación con bases de un tema administrativo”.
No obstante, admitió que “para el Ministerio Público es bastante interesante, porque genera alarmas y observaciones que son antecedentes necesarios para una eventual investigación de carácter penal. Es ahí en donde toda nuestra fuerza a va a estar, precisamente para determinar qué hecho delictual pudiese eso constituir”.
Al igual que el fiscal nacional, Campos reafirmó que “se están indagando hechos que revisten carácter de delito, por eso es que ponerle el apellido de ‘defraudar’ todavía es apresurado. Estamos indagando si estamos frente, por ejemplo, a una malversación o un fraude al fisco. Ahí pudiésemos hablar de dineros defraudados”.
