Señor Director:
Sin defensa no hay justicia, dice la máxima de la Defensoría Penal Pública, es decir, algo lógico , pero también y pensando que los recursos provienen del impuesto de todos los chilenos, queda claro que las víctimas pagan la defensa de los victimarios, y muchas veces se aplica el “ todo vale “ , es decir no importa el cómo, lo importante es lograr la libertad de sus defendidos.
Ahora bien, si se piensa que las víctimas son las abandonadas de la justicia, los privilegios y bondades del sistema están a favor de los victimarios, pero igualmente es preocupante, y muy preocupante el accionar de muchos defensores, y por lo mismo lo ocurrido en Arica aún está latente en la memoria de los buenos ciudadanos, es más, las acciones posteriores y que refieren a la molestia que tienen por el hecho de ser actualmente investigados por el Ministerio Público, ahora, si los defensores públicos hicieron algo anómalo, algo poco ético o simplemente olvidar que son financiados por el estado, muy bien es que les indague.
Por otra parte, no es bien visto, que personas de recursos y en casos casi emblemáticos sean defendidos por defensores penales públicos, y contrario de ello, las víctimas casi por beneficencia han contado con abogados privados, vale decir, entre unos y otros se marca una injusta y errónea diferencia.
Creo que el sistema penal debe ser parte de una profunda reforma, más aún pensando en que la delincuencia es prácticamente incontrolable, y contradictoriamente los buenos ciudadanos transforman sus casas en verdaderas cárceles, no salen a la calle por temor, y contrario a ello los que viven dañando a otros se toman calles, plazas y en definitiva da la impresión que los malos ya le ganaron la guerra o la vida a los buenos.
Alberto Contreras Silva
