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Cuando la política destruye la memoria

M. Ulloa

En todo el país hay más de 600 actividades, de diferentes características y alcance, que conmemoran los 50 años del Golpe de Estado, sin embargo, lo que mayor notoriedad ha tenido es la negativa de la oposición a suscribir con los partidos oficialistas y el gobierno una declaración unitaria. No obstante, la derecha sí firmó un manifiesto que pese a sombras y omisiones -como la condena al golpe y a la dictadura cívico-militar- adhiere en términos generales al mismo mensaje de cuidar y defender la democracia, así como respetar la Constitución y el Estado de Derecho.

En las razones de tal disenso y de su amplia exposición ante la opinión pública, mucho tiene que ver una lógica de espectacularidad y controversia que se ha instalado en diferentes ámbitos de la vida nacional, y que suele activarse en redes sociales para luego ser amplificada por titulares de radio, televisión y algunos diarios que han retroalimentado un clima odioso, donde se privilegian las provocaciones verbales del oficialismo y de la oposición y se alienta el relativismo respecto de la ilegitimidad del golpe y el negacionismo sobre las posteriores violaciones a los derechos humanos.

Lamentablemente, muchas veces la política es la encargada de destruir aquello que la sociedad procura construir, como son consensos mínimos que habíamos alcanzado sobre este doloroso episodio de nuestra historia reciente.

Esa certeza, sin embargo, no debiera destruir los esfuerzos de muchos otros actores de nuestra sociedad que no participan de la actividad política partidaria por hacer posible una memoria común sobre la base de la verdad histórica, basada en antecedentes fidedignos, documentados por informes oficiales del estado chileno e incluso de otros estados, como ocurre con los reportes que ha desclasificado el gobierno norteamericano.

Entender esta involución y las posibles razones no refiere a nada bueno, solo a aprovecharse del descontento social por la incapacidad de los actores políticos de ponerse de acuerdo para dar respuesta a las grandes carencias de la sociedad chilena. Hoy, 9 de cada 10 chilenos considera que tanto el Congreso como las colectividades políticas, realizan muy mal o mal la función de representar los intereses de los ciudadanos y ciudadanas en sanar los dolores de la dictadura, recuperar confianzas y construir un futuro común; sin embargo, seguimos atribuyéndoles una centralidad en la vida nacional que no merecen.

El gran problema es cómo se proyecta este fenómeno, pues las semillas de los que mañana serán nuestros políticos germinan en este ambiente crispado, hoy incapaz de tender puentes de entendimiento y empatizar con el dolor y heridas infringidas en otra época, pero que aún no cierran.

Mirar hacia el pasado exclusivamente desde la óptica oportunista de un relato distorsionado solo conducirá a nuevos desencuentros y al aumento de los odios, rencores y divisiones que a 50 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 debiéramos aprender a superar.

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