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Convencionales y gobernadores “aprietan” al Ejecutivo: ¿El comienzo del fin del hiper presidencialismo?

Hoy comienza el trabajo de la Convención Constitucional a cargo de redactar una nueva cartamagna, y los días previos se caracterizaron por una tensa relación entre el gobierno y algunos convencionales.

La forma en que el Ejecutivo abordó la preparación del órgano constituyente; la nominación de Francisco Encina como secretario ejecutivo y otros aspectos fueron cuestionados principalmente por los convencionales independientes y de pueblo originarios, quienes además, hicieron algunas solicitudes, como por ejemplo, la libertad para los presos del estallido, tema que para ciertos sectores, escapa al accionar propio de la convención.

Por otro lado, luego de la segunda vuelta de gobernadores regionales, las nuevas autoridades electas unieron fuerzas y comenzaron, de forma transversal, una cruzada para que el Ejecutivo les transfiera más competencias y recursos, de manera de poder cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

En ambos casos, el Ejecutivo ha debido enfrentarse a un nuevo ordenamiento del poder, en que actores incipientes cuestionan la hasta ahora hegemonía presidencial o hiper presidencialismo, como se le denominado a nuestro sistema político.

Un tema que seguramente formará parte del debate constitucional, y que abre la puerta a otras concepciones menos centralistas.

Poder de adaptación

“Yo diría que no es solamente un problema de un Presidente con poder institucional, si no que es la noción que este poder es suficiente para abordar los problemas que nos aquejan como país. Estamos ante el fin de la idea que el poder Ejecutivo puede gobernar el país solamente con estos poderes institucionales, los cuales están limitados por los otros poderes del Estado y por los derechos fundamentales y humanos”, afirmó la politóloga y académica de la UdeC, Jeanne Simon.

Según ella, “hace tiempo y en muchos países, incluyendo Europa donde hay regímenes parlamentarios, el poder Ejecutivo ha tenido que adaptarse para abordar los problemas más complejos. Como son complejos, se requiere generar una comprensión compartida entre los actores involucrados, tanto gubernamentales y no gubernamentales. Así, la manera de ejercer el poder ha cambiado. Ahora hay que trabajar de manera colaborativa, lograr que todos y todas avancen juntos para superar los problemas más complejos, como ha sido, por ejemplo, la pandemia. No he visto suficiente apertura desde el actual gobierno, sino más bien la idea de imponer su punto de vista”, aseveró.

El deseo de concentrar el poder al nivel central y en el poder Ejecutivo tampoco es un problema solamente del actual gobierno, agregó Jeanne Simon.

“Desde el gobierno de Lagos he escuchado la promesa de avanzar en la descentralización, pero siempre hay otros temas más importantes. Era de esperar que las y los gobernadores demandaran mayores competencias y recursos para poder fomentar el desarrollo regional, especialmente en el contexto de la Convención Constitucional. Es una ventana de oportunidad para correr los cercos”, aseguró.

Para la politóloga, lo ideal sería que el poder Ejecutivo liderara, a través de la articulación de los distintos actores, en los temas más críticos.

“Me parece que el poder Ejecutivo no ha reconocido que debe convivir con la Convención Constituyente. Y eso implica ceder un poco de poder. Así, me parece que se requiere hacer el esfuerzo para comprender las demandas de los y las constituyentes auto convocados”, sostuvo.

Desbalance entre poderes

Según el abogado, Doctor en Derecho y académico de la UdeC, Alfonso Henríquez, “jurídicamente nuestro sistema se suele caracterizar como uno en el cual existe un cierto desbalance entre el órgano Ejecutivo y el Legislativo. Manifestaciones de lo anterior son, por ejemplo, el manejo de las urgencias parlamentarias, la iniciativa exclusiva del Presidente de ley, las atribuciones en materia de gasto público, entre otros. Sin embargo, este diseño institucional ha sido desbordado por la realidad política. Por ejemplo, en relación con la Convención Constitucional, algunos han sostenido que el Gobierno ha intentado abordar temas que en principio son de competencia del órgano constituyente. El riesgo radica en que este tipo de intromisiones, de mantenerse, podrían tensionar el debate constitucional, y generar alianzas que de otra manera quizás no se darían. La prudencia recomienda que el Ejecutivo guarde distancia del proceso constitucional, y se limite simplemente a otorgar la ayuda financiera, técnica o administrativa que sea requerida por la propia Convención para el cumplimiento de su labor. Esto significa que el Gobierno deberá pasar a un segundo plano y que no tendrá el control del debate constitucional, algo inédito dentro de nuestra tradición”, afirmó.

Lo anterior, añadió Henríquez, “adelanta un aspecto en el cual existe cierto consenso, esto es, la necesidad de que el nuevo pacto social avance hacia un tipo de sistema presidencial atenuado, o bien, hacia alguna forma de semipresidencialismo”, planteó.

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